La relación que existe entre la economía y la política se ha movido desde siempre en terrenos propios no ya de los arcanos, sino de la cábala. Ahora mismo, cuando España tiene un crecimiento que asombra, el mayor de toda Europa, la prima de riesgo de nuestro país se sitúa por encima de la de Italia. Cierto es que las amenazas son muchas, desde nuestro déficit gigantesco hasta el paro que no termina de remitir aunque haya bajado algo. La posibilidad de que la Gran Bretaña salga de la Unión añade incertidumbre. El aviso de una multa que Bruselas aplaza para que no coincida con las elecciones próximas asusta, y no tanto por la cifra de la sanción como por el peligro de tener que cerrar el grifo de los gastos sociales por mucho que digan los partidos en la campaña electoral. Súmense todos esos factores y el resultado lleva a la evidencia de que estamos muy lejos de controlar nuestros parámetros económicos.
La inquietud se traslada a la ciudadanía. Un muestreo reciente de la empresa Metroscopia dice que siete de cada diez de los encuestados percibe dificultades para la salida de la crisis y apuntan como causa importante a la imposibilidad de formar Gobierno que siguió a las elecciones de diciembre de 2015. Pero lo curioso de ese resultado es la manera como la ideología influye sobre la forma de ver esa relación estrecha entre frenazo político e incertidumbre económica. Son los votantes del Partido Popular quienes relacionan en mayor medida la investidura fallida con las dificultades para la recuperación económica. Son los electores que optan por Podemos los que desvinculan de forma más extensa la posible relación entre economía y política. Y digo que eso sorprende porque cabe imaginar que quienes se decantan por el centro derecha serían en realidad los más cercanos al pensamiento de Adam Smith, a la consideración de los mecanismos económicos como automáticos, mientras que los partidarios de las tesis de Podemos habrían de dar importancia a la economía dirigida desde el poder. En ausencia de éste, las leyes del mercado que siguen el equilibrio de la oferta y la demanda funcionan de forma fluida pero quedan colapsados los efectos que dependen de que haya un plan económico gubernamental.
La paradoja se explica bien teniendo en cuenta que son muy pocos los ciudadanos que llevan a cabo un análisis racional de la situación y guían su voto con arreglo a sus resultados. La papeleta que se mete en la urna no sale de la cabeza; sale del corazón, ya sea impulsada por los miedos o por las ilusiones. Pero más allá de ese flujo de adrenalina que nos lleva a votar, en algo coinciden todos los encuestados: en que no es de recibo eso de estar seis meses con el consejo de ministros en funciones y sin perspectivas de cambio. No se trata ya de economía sino de sentido común. ¿A santo de qué hay que pagar a unos parlamentarios incapaces de poner en marcha siquiera el mecanismo de gobierno?
