En España tenemos un problema con la economía sumergida y el fraude fiscal. Es verdad que un Mundo con fraude cero es impensable. Pero nuestra economía sumergida supera hoy el 20% del PIB español cuando la media de los países de nuestro entorno esté alrededor del 15%. Existe pues margen de mejora y obligación de hacerlo. Porque la economía sumergida y el fraude fiscal distorsionan el juego de la competencia y generan inequidad entre los que pagan y los que no. Es por tanto positivo que los programas de los partidos que concurren a las elecciones hablen de esta lacra y se fijen objetivos.
No obstante, hay que ser prudentes a la hora de cuantificar el efecto de las actuaciones sobre la recaudación tributaria. Porque aflorar ese fraude no es tarea fácil y puede tardarse tiempo en lograrlo. Por eso lo más razonable sería incluir en los programas electorales un plan B en el caso de que los objetivos de afloramiento no se consigan; indicar qué tributos aumentarían o que gasto se recortaría si las previsiones fallan. Si no se hace así, la lucha contra el fraude fiscal puede acabar convirtiéndose en una excusa retórica para ocultar incoherencias presupuestarias. Y la reputación actual de España en el cumplimiento de objetivos fiscales no es precisamente la mejor.
*Director de GEN (Universidade de Vigo)
@SantiagoLagoP
