Ahora mismo, tras ordenarse por la Audiencia de A Coruña la reapertura del "caso Alvia", es probable que además de la alegría de los familiares de las víctimas que la reclamaban, a más de uno no le llegue la camisa al cuerpo. Y no tanto porque pueda exigírsele responsabilidad penal, que quizá, cuanto por la política que desde algunos medios -pocos- se ha venido solicitando. Y no por animus vindicandi, sino sencillamente por un motivo que la mayor parte de la sociedad entenderá: por interés de la Justicia. Con mayúscula.
Conste que parecen existir dudas acerca de la actuación del maquinista y sus consecuencias, aunque eso aún está pendiente de esclarecerse. De lo que se trata es de determinar si hubo o no otras causas, directas e indirectas en la catástrofe de Angrois. Porque no resultaba verosímil que solo una imprudencia negligente aportara un balance tan horrible. Y se alega también razón de cautela, al menos hasta que se cierre definitivamente el asunto.
Conste que el caso reúne bastantes de las características propias de un país que suele ensalzar solo a los muertos y a veces los utiliza de modo sectario u oportunista. Y eso se vio aquel 24 de julio y sobre todo unos días después; el primero fue de solidaridad y cooperación; los demás, de granujeo y cinismo político sin escrúpulos. Resumido en términos generales, Angrois demostró, como antes habían hecho otros sucesos de primer nivel, que en Galicia siempre hay gente, como en el resto de España, dispuesta a cualquier cosa para deteriorar la imagen de quienes gobiernan, sea cual fuere su color y el de la oposición. Pero es también cierto que hasta ahora, aquí unos han tenido más papel y menos memoria que otros.
Lo del "Alvia" llevó incluso a parte de la izquierda gallega a exigir responsabilidades a un gobierno que no era cuando se construyó el tramo del AVE donde ocurrió la catástrofe. Actitud por cierto que confirmaba otra sospecha: que aquí, cuando se pierde la vergüenza, suele coincidir con la eliminación de la memoria.
Lo cierto es que las dudas razonables del caso no se terminaban con las relacionadas con el maquinista y su actuación. Desde el inicio de la instrucción judicial se plantearon posibles deficiencias en la obra y su efecto, directo o colateral, en el accidente y sus consecuencias. El tramo carecía de medidas de seguridad y habrá que determinar si esa carencia se debía o no a la modificación de las condiciones de licitación aprobadas por el ministro de Fomento del gobierno de Zapatero. Y aquí todo el mundo sabe quién era ese ministro.
¿O no?
