Margarita Robles, juez y futura ministra de algo en un gobierno de Pedro Sánchez, ha sugerido medidas para reducir a cero el número ahora innumerable de corruptos. La fórmula, sencillísima, consistiría en exigir a los políticos un certificado de antecedentes penales y otro de buena conducta.
Propone Robles que los condenados por meter la mano en la caja no puedan obtener contratos de la Administración mientras no devuelvan los cuartos afanados al contribuyente; pero eso es solo el aperitivo. Tampoco se les permitirá ejercer cargos públicos a aquellos que mantengan cuentas en el extranjero, aun en el caso de que sean legales y sus propietarios estén al día en los deberes con Hacienda. Y a diferencia de los ladrones del común, los políticos mangantes serán excluidos de cualquier posible indulto.
Un programa como este bien merece ser calificado de "corrupción cero" por lo mucho que evoca la "tolerancia cero" que aplicó a la delincuencia común el en su día alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.
Inspirada por los estudios de un par de profesores de Harvard, la idea de Giuliani era de una simplicidad rayana en la simpleza; pero el caso es que funcionó. Consideraba el alcalde que el delito es una carrera como cualquier otra en la que el forajido va subiendo peldaños, de tal modo que la comisión de pequeñas infracciones acaba por desembocar en la de espantables crímenes.
De acuerdo con esa convicción, Giuliani decidió atajar el mal en sus comienzos mediante la imposición de fuertes sanciones al peatón que cruzase un semáforo en rojo, al que robase una manzana en un puesto callejero o al que tuviera el atrevimiento de saltarse el torno del metro para no pagar billete. No llegó al extremo de las autoridades de Singapur, que crujen con multas de tres y hasta cuatro ceros a quienes arrojen un papel a la vía pública; pero lo cierto es que su política redujo en un 77 por ciento la delincuencia urbana en Nueva York.
Robles, candidata destacada del PSOE a las próximas elecciones, sugiere algo muy parecido para acabar con la lacra particular de la corrupción, tan propia de los países latinos. Los políticos que aspiren a un puesto de gobierno o de mera representación pública deberían exhibir una hoja de conducta inmaculada que excluye a aquellos que alguna vez se colaron en el autobús o aceptaron una factura sin IVA. Por supuesto, quedarían fuera del juego político los que tuviesen cuentas en Suiza o en Andorra y los imputados -ahora, investigados- por la Justicia.
Una medida tan elemental como esta hubiera ahorrado a los españoles montones de disgustos con tesoreros del partido gobernante, presidentes de la Generalitat, diputados de vario pelaje y cargos públicos en general. Aunque mucho es de temer que si tales disposiciones se llevasen al extremo, no habría suficientes candidatos en condiciones de cubrir las decenas de miles de puestos de gobierno existentes en las administraciones de España.
Lo que en Robles pretende, quizá sin advertirlo, es un cambio educativo radical en este país del Lazarillo de Tormes donde tanta admiración suscitan aún las hazañas de El Dioni y los bandoleros de ficción como Curro Jiménez. Con esa escuela, difícil va a ser que aquí se aplique a los políticos el programa de "corrupción cero" propuesto por la candidata. De momento, el cero es la nota de España en esta peculiar asignatura.
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