Pues la verdad es que la opinión de los expertos en derecho comunitatrio que recogía no ha mucho este periódico acerca de las posibilidades de modificar el reparto de cuotas pesqueras de la UE debería servir al menos como reflexión. Para toda la sociedad gallega y desde luego para los miembros de su oficio político pero, en especial, aquellos que siguen predicando que Galicia se basta por sus propios medios para resolver sus problemas. Los expertos advierten que para mantener alguna posibilidad de éxito el recurso habrá de defenderlo España y en nombre del Estado porque, consideraciones patrióticas autonómicas aparte, que lo hiciese Galicia en solitario o aún con otras regiones comunitarias, sería una especie de brindis al sol. Guste o no, la Unión europea quiere ser cada día más UE aunque no lo parezca, y de forma especial en las áreas que tengan algo que ver con la economía.
No se trata de incordiar ni de abrir un debate sobre si es exacto hablar o no de una Europa de los mercaderes, pero apenas cabe discusión acerca de que en ese terreno es el único en que de verdad se nota que existe un proyecto común. Con todos sus evidentes defectos y limitaciones, pero no puede decirse lo mismo en casi todo lo demás, desde políticas de asilo a las militares pasado por las sociales, está más que probado que hay poca UE.
Metidos pues en ese esquema, que desde luego puede no ser partidario, parece necesario insistir en que a la hora -cada vez más cercana- de que los ciudadanos vuelvan a las urnas, es absolutamente necesario que las ofertas digan con claridad algo que apenas tocaron el 20/D y meses posteriores: cuál es su postura ante a UE y sus reglamentos actuales, si la que hay u otra, y qué soluciones proponen para arreglar las posibles discrepancias. Porque ese es un asunto etéreo para los radicales que hasta ahora no pesaban mucho electoralmente pero que tras la alianza de Podemos con IU, cualquiera sabe.
(No hay que tomárselo a broma. En los programas que por el momento se conocen de la nueva pareja se incluyen manifiestos del todo incompatibles con el marco comunitario, y si no se quiere acabar como Grecia, más vale que se sepa y le pregunten a los electores. E incluso en el acuerdo, que más pareció un obituario, entre el PSOE y Ciudadanos, de los doscientos puntos que rubricaron, no pocos contarían con el veto, o al menos la exigencia de reformulación, de Bruselas.
Dice el refrán que quien avisa no es traidor; mutans mutandis, lo sería el que no advierte de los peligros reales a la gente a la que pide el voto. Y si algunos se los callan, por algo será.
¿No...?
