Con el fuego no se juega

12.05.2016 | 02:17
Con el fuego no se juega

Responsables de la Plataforma de Bombeiros Públicos de Galicia denunciaron graves deficiencias en la organización del operativo para apagar el fuego declarado en la empresa Fandicosta de Domaio. Causa estupor conocer los entresijos de cómo se produjo la coordinación de los servicios de extinción de incendios.

También son preocupantes las declaraciones del ex vicepresidente de la Xunta, responsable político del servicio, y las del presidente de las Cámaras de Comercio, en las que simplemente lamentan lo sucedido y no mencionan las interrogantes de futuro en la seguridad de los complejos empresariales y públicos. Tampoco se exigen investigaciones, porque consideran que la gestión de operativos ha sido la correcta, ni mencionan responsabilidades de quienes corresponda, ya sean ejecutivos privados de las empresas contraincendios o representantes públicos. Tal y como están las cosas, el tinglado de seguridad mercantilizado de Galicia no hay indicios de querer desmontarlo. Lo único cierto es que el imponente techado de Fandicosta se ha venido abajo abrasado, como el de otras empresas que también han sufrido el furor del fuego, sin que los servicios de un pequeño parque comarcal de Bueu hayan podido actuar con solvencia, y negando la actuación inmediata de los bomberos de Vigo. Puede comprenderse el grado de incertidumbre de muchos empresarios y trabajadores con la débil garantía de protección ante una catástrofe.

El Área Metropolitana de Vigo tiene ante sí el reto poderoso de organizar el complicado frente de Seguridad. Este gran territorio metropolitano está expuesto a la casi totalidad de riesgos clasificados por la seguridad pública: inmuebles de gran altura, incendios forestales en zonas altamente humanizadas y focos de concentración industrial, fuego en barcos e industria química, riesgos de contaminación marítima, accidentes con transportes de mercancías peligrosas? El AMV debe establecer su propio esquema de gestión operativa ante la catástrofe, en base a estructuras profesionales poderosas dotadas con eficientes medios. El AMV no puede depender de galpones privados con gentes sin preparación necesaria y sin medios técnicos, que cuenta con la buena voluntad y predisposición del personal contratado, pero a todas luces insuficiente.

El programa y la coordinación de la seguridad metropolitana debe ser uno de los pasos inmediatos a estudiar, para abordar competencias más amplias que las del Código Técnico de Edificación. Debiera resolverse cuanto antes una Ordenanza sobre prevención y extinción de incendios, como servicio público de interés metropolitano. Existen las normas europeas contra incendios y las correspondientes en la legislación nacional, en que se definen con suma precisión los aspectos constructivos. No así en materia de infraestructura preventiva y organización de cuerpos profesionales, como la dotación de medios para catástrofes, inundaciones o grandes incendios. Parece que existe menos rigor en esas obligaciones europeas. Es en este espacio de nadie en donde aparece el conflicto y el negocio de un servicio que debe ser público y profesional.

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