Pues la verdad es que, dicho sin intención de incordiar, no parece posible que por más intentos que se hagan para lograr la anhelada transparencia en los asuntos públicos, que muchos creen conditio sine qua non para acabar con las corruptelas, se pueda pretender de facto que se olviden, sin explicarlo bastante, dos de los más graves y grandes asuntos de la historia reciente de Galicia. Uno relacionado con la liquidación de su sistema financiero. Otro, el más doloroso y terrible de los últimos sucesos, que fue la catástrofe de Angrois.
La reflexión primera viene a cuento de las noticias acerca de la compra, por Abanca, de una serie de oficinas que en su día vendió Caixa Galicia en la época de Castellano. Un negocio aceptable -si se analizan las cifras- para el vendedor, que en el momento de la operación estaba casi en quiebra según todos los documentos fiables y sobre la que nadie desde la Xunta, que debía haber explicado no pocos detalles.
Aquello no fue una buena salida, como algunos se lo tomaron, ni una ocurrencia patriótica, que otros se inventaron. Se saldó con la pérdida de un sistema financiero que años atrás prestó al país grandes servicios y que se cerró con un golpe de fortuna; la audaz compra final por parte de un banco más pequeño que las dos cajas juntas, integrado ya en otro mayor, y que ahora parece decidido no solo a cumplir con este antiguo Reino y sus intereses, sino a alcanzar más y mejores cotas.
Pero esa suerte, utilizando el concepto en su sentido más amplio, no justifica el silencio oficial ni las posteriores e insuficientes explicaciones que se publicaron tras una charlotada parlamentaria llamada "Comisión de Investigación". Y esa deuda de transparencia hay que pagarla, sobre todo desde el PP, si de verdad pretende que en adelante recupere la credibilidad, pero también desde el PSOE, el BNG, sindicatos y otras "colaboraciones" más o menos esporádicas.
El segundo caso es más triste desde el punto de vista humano por el gran número de vidas que se perdieron. Se sabe la causa inmediata de la catástrofe de Angrois, pero no las posibles responsabilidades políticas de un gobierno, el de Zapatero, y uno de sus ministros, el de Fomento -José Blanco- que autorizó cambios en las condiciones de la obra que según muchos técnicos pudieron rebajar la seguridad.
Y, ya puestos y casi en víspera electoral, conviene recordar la inadmisible utilización política del accidente y su balance. Y, en aras de la transparencia, exigir a quien la usó que explique por qué lo hizo y qué buscaba; así, cada futuro votante sabrá con quién trata y se juega el futuro.
¿Eh...?
