Cuando pase un tiempo, los historiadores estudiarán los efectos de la corrupción en la etapa comprendida entre el final de la dictadura y los cuarenta primeros años de la monarquía heredada del antiguo régimen. Y seguramente constatarán que la corrupción (gracias a nuestro peculiar sistema productivo) ha sido uno de los principales factores del desarrollo económico, uno de los sostenes más firmes de nuestra actividad institucional y el argumento definitivo de la confrontación política ("Tú más").
La corrupción lo ha embadurnado casi todo y no hay institución pública o privada que se haya librado de ella. La lista es larga (Monarquía, Gobierno, Comunidades Autónomas, Congreso, Senado, Ayuntamientos, Diputaciones, Judicatura, Abogacía, Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional, Banco de España, Cajas de Ahorros, Bancos, Sindicatos, Partidos Políticos, etc.) y detallarla exhaustivamente requeriría un tomo igual de grueso y con letra apretada que un listín de teléfonos.
Estos días, hemos conocido otra variante que tiene la peculiaridad de afectar a dos entidades que habían sido creadas para combatir supuestamente la corrupción. Una de ellas se llama Manos Limpias y es un sindicato sin afiliados que se hizo famoso estos años por sus constantes denuncias de hechos escandalosos y por su personación oportunista en esa clase de sumarios que hay que coger con pinzas y tapándose la nariz. Y la otra, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), que ha hecho su agosto defendiendo a los afectados por las irregularidades financieras que hemos padecido últimamente. Los dos principales directivos de esas dos entidades, Miguel Bertrand y Luis Pineda, fueron detenidos el viernes pasado bajo acusación de extorsionar a personas e instituciones a las que reclaman la entrega de grandes cantidades de dinero a cambio de retirar las querellas que habían presentado previamente contra ellas. Entre las personas chantajeadas se encontraban, según puede leerse en la prensa, la infanta Cristina de Borbón y el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Los abogados de la hermana del Rey denunciaron a la policía que Manos Limpias, por medio de Luis Pineda, había ofrecido retirar la acusación popular presentada contra ella en el caso Nóos a cambio de tres millones de euros. Una acusación, por cierto, que es la única razón procesal por la que, de momento, permanece sentada en el banquillo.
De confirmarse la veracidad de los hechos ahora investigados, la conducta de los dos detenidos nos recordaría bastante a las prácticas extorsionadoras del exjuez Luis Pascual Estevill y del ilustre penalista Juan Piqué Vidal (abogado de Pujol y De la Rosa). Ambos fueron condenados respectivamente a siete y nueve años de prisión por detener y amenazar con la cárcel a empresarios que se negaban a pagarles el chantaje. En ese oscuro asunto estuvo colateralmente relacionado el financiero Alfredo Sáenz al que el Tribunal Supremo condenó por denuncia falsa aunque luego fue indultado por el presidente Zapatero cuando ya ejercía en funciones.
Desconozco en que deparará este nuevo caso de supuesta corrupción pero sería bueno que la justicia pudiera pararle los pies a quienes utilizan en provecho propio y mediante prácticas mafiosas instituciones como sindicatos o asociaciones de defensa de consumidores. Por cierto, Manos Limpias fue un movimiento creado en Italia por el fiscal Antonio Di Pietro para luchar contra la corrupción. En aquel caso, en beneficio del común.
