| La Consellería de Medio Rural se apresuró mucho en tirar balones fuera para eludir su responsabilidad en la rehabilitación que urge el histórico Palacio de Lourizán, aduciendo que su legítima propietaria no es otra que la Diputación Provincial, cosa bien sabida. El departamento de Ángeles Vázquez habría hecho bien en leerse antes la letra pequeña del convenio rubricado en 1991 por Romay Beccaría y luego ampliado en 2000. De esa forma se habría ahorrado el bochorno que produce saber que allí está estipulada su responsabilidad en la conservación y el mantenimiento del recinto. El meollo de la cuestión está en saber qué cara se le ha quedado a la conselleira después de que la institución de Carmela Silva le haya puesto las peras al cuarto y, de paso, conocer cuándo va a acometer esa asignatura pendiente.
