En la ciudad donde resido, el Tribunal Supremo ha vuelto a reiterar, de forma contundente, que el edificio que fue sede de Fenosa debe de ser restituido al estado anterior a unas obras de rehabilitación (y ampliación) acometidas al amparo de una licencia municipal que luego fue declarada ilícita. El asunto se remonta a 1997 cuando la empresa eléctrica -obviando el resultado de un concurso que ella misma había convocado- vendió el edificio a Fadesa, una importante empresa constructora que entonces era propiedad de Manuel Jove. El Plan General de Urbanisno vigente en aquel momento no permitía destinar el solar a otros usos que los comerciales o industriales, ni modificar ni ampliar la estructura de lo construido, pero el Ayuntamiento que presidía Francisco Vázquez le otorgó licencia no solo para demoler el antiguo edificio sino también para construir uno nuevo y más grande para destinarlo a viviendas y locales comerciales. Poco después de consumado el trato, el Ayuntamiento aprobó una nueva normativa urbanística que se adaptaba perfectamente, y con efecto retroactivo, a los planes de la constructora. Todo el mundo entendió (todo el mundo consciente y atento a las maniobras que se traman en la oscuridad, claro) que entre el presidente de la constructora y el presidente de la corporación municipal existía algo más que una buena relación y que el primero de ellos no se hubiera arriesgado a invertir 2.250 millones de las antiguas pesetas en comprar algo no autorizado si no estuviese seguro de que inmediatamente se lo iban a autorizar. En los tiempos felices en que la burbuja inmobiliaria crecía a ojos vista, los negocios se compinchaban de esa manera, y la complicidad entre empresarios de la construcción y políticos era intensa y fluida. Afortunadamente, un ciudadano benemérito, que se consideró perjudicado por el trato, recurrió a la justicia y empezó a ganar en los tribunales lo que el contubernio le había negado. Mientras eso sucedía, pasaban cosas. Francisco Vázquez fue enviado (2006) por un gobierno del PSOE como embajador ante el Vaticano a raíz del escándalo montado por la polémica adquisición de la vivienda familiar. Y Manuel Jove hizo el negocio de su vida (2007) al venderle a Fernando Martín (expresidente del Real Madrid) una Fadesa que muy pronto protagonizaría la mayor suspensión de pagos de la historia financiera de España (5.200 millones de euros de pasivo); y una sucesión de pleitos entre ellos al entender Martín que le habían engañado al venderle la burra. Pero lo peor del asunto es que los sucesivas corporaciones de la ciudad, tanto la heredada del PSOE vazquista, como la coaligada entre el PSOE y el BNG, y la muy fugaz del PP, contribuyeron a dilatar el proceso judicial presentando continuos recursos y peticiones de aclaración con la finalidad de aburrir al recurrente benemérito y encontrar la manera de incumplir las sentencias. La excusa de los sucesivos gobiernos es que cumplirlas en su literalidad supondría indemnizar a los adquirentes de viviendas en el edificio Fenosa con unos 40 millones de euros. Pagaderos por los ciudadanos vía impuestos. En un país normal esa indemnización habría que reclamársela al alcalde y al constructor que hicieron el ilícito trato. Y los dos tienen dinero bastante para afrontarlo.
