Bienintencionados y algo ingenuos, los diputados del Parlamento gallego acaban de aprobar otra ley contra la corrupción, lo que es tanto como legislar sobre el clima o la gravitación universal. Los corruptos son una estirpe muy resistente que acaso no se amilane ante la decisión parlamentaria de prohibirlos, aunque nunca se sabe.
La mentada ley, quinta sobre este asunto que se ha aprobado en Galicia durante el último año, evoca otros textos igualmente felices, si bien poco efectivos. La Constitución de 1812, exaltada al grito de "¡Viva la Pepa!", establecía por ejemplo en su artículo sexto la obligación de que los españoles fuesen "justos y benéficos". Lamentablemente, se conoce que los malvados no sabían leer, con lo que el número de injustos y maléficos siguió siendo más o menos el mismo que antes de la promulgación de esa pieza constitucional.
Tampoco tuvo particular éxito el edicto dictado años atrás por el alcalde de la ciudad brasileña de Biritiba, que prohibía morir a los vecinos de ese término municipal. "Los ciudadanos", rezaba el voluntarioso bando, "deberán cuidar de la salud para no fallecer", bajo amenaza de severas multas a los herederos del infractor. No hará falta decir que la gente de Biritiba siguió palmándola, muy a su pesar, aunque con ello incurriese en desacato a la autoridad del alcalde.
Mucho es de temer que suceda algo parecido con el empeño de asediar mediante leyes a los corruptos en el que se ha embarcado el Parlamento gallego.
Bien es verdad que el último texto aprobado incluye disposiciones específicas como la que priva a los investigados por corrupción de la defensa a costa del erario público. A partir de ahora, aquellos gobernantes que sean pillados con las manos en la masa monetaria del contribuyente deberán pagarse el abogado de su propio bolsillo. La medida no puede ser más razonable, aunque ya es dudoso que resulte disuasoria.
El político que tenga en mente dar un buen pelotazo para asegurarse el retiro no se va a echar atrás por miedo a tener que pagar las costas de su defensa. Si la tropelía le sale bien, no habrá de faltarle dinero para abogados de fuste, como las eminencias del foro a las que solían recurrir los contrabandistas gallegos. Y si lo atrapasen antes de poder cobrar la mordida, tampoco la cuenta de letrados y jurisperitos habría de ser la mayor de sus preocupaciones.
En realidad, ya existen leyes que prohíben -y castigan- el robo en sus diversas variantes, sin que ello reduzca de por sí el número de ladrones. Cuando la cifra general de delincuentes es baja, como de hecho sucede en España, ello se debe más bien a una suma de razones que incluye la situación socioeconómica, el grado de protección de los desfavorecidos y la eficacia de la policía en la vigilancia del delito. Las leyes que lo castigan son más o menos las mismas aquí, en México o en Venezuela. Los resultados, obviamente, no.
La corrupción es un hábito casi tan adictivo como el tabaco para el que solo se precisa un político de moral distraída, un particular con deseos de hacer negocio y alguna obra con la que trapichear. Algo ayudaría también a su propagación la existencia de un clima social tolerante con las pequeñas corruptelas, como el que es fama que existe en los países latinos. Quién sabe. Como quiera que sea, y al menos en Galicia, quedan oficialmente prohibidos los corruptos. Tomen nota los interesados.
stylename="070_TXT_inf_01">anxelvence@gmail.com
