El ministro de la Gobernación, Rafael Salazar Alonso, levantó en 1934 la prohibición que pesaba desde la instauración de la República sobre cualquier manifestación externa del culto católico. De esta forma, permitió la celebración en toda España de los proscritos cortejos de Semana Santa.
Las iglesias pontevedresas organizaron una magna programación de actividades religiosas para celebrar aquella Semana Santa. Especial solemnidad quisieron dar a la única procesión prevista para el Viernes Santo. Con tal motivo abrieron una suscripción popular para sufragar su elevado coste, puesto que incluyó la contratación de dos bandas de música.
La respuesta ciudadana a aquel llamamiento fue tan buena que hubo un superávit de 595 pesetas, dinero que el párroco de Santa María, Jesús Mansilla, destinó a pagar la música de acompañamiento de dos procesiones del Viático a enfermos e impedidos al mes siguiente.
A pesar de la lluvia, la participación fue masiva en la procesión del Santo Entierro, que salió a las seis de la tarde desde la iglesia de Santa María. Cuando la cabeza del cortejo, que abrió la banda de trompetas del Regimiento de Artillería, había llegado a la iglesia de San Bartolomé, aún no había salido de Santa María la imagen de la Dolorosa, tal fue la cantidad de files con velas, según las crónicas periodísticas.
El arcipreste del Morrazo, Fraile Lozano, portó el Calvario, acompañado del ex presidente de la Diputación, Daniel de la Sota, y del gerente de La Toja, Rafael Saenz Diez, con sus hachas encendidas en medio de las filas de hombres. Luego marchó la Banda Popular de Lantaño, que gozaba de gran prestigio, interpretando piezas fúnebres. Y el presbítero Lino García portó a su vez el estandarte de la Dolorosa, cuyos cordones sostenían Codesido y Gestal, de la Juventud Católica, secundados por filas de mujeres, muchas de ellas con las clásicas mantillas.
Desde Santa Clara la procesión ya subió totalmente organizada y en perfecto orden por la plaza de Indalecio Armesto y la calle San Román hasta la Herrería, entonces plaza de la Constitución, que estaba abarrotada de gente. Y justo frente a la zapatería de Ces Bravo, que desde el año siguiente se convirtió en el bar Savoy, cuando el cortejo empezó a bajar por los Soportales, una mano anónima lanzó un petardo al paso del Cristo yacente y se armó la marimorena.
El fuerte estruendo causó el pánico consiguiente y produjo una gran desbandada. Entre gritos y carreras, una parte del público buscó refugio de urgencia en los Soportales del fondo de la Herrería, donde se atendió a la gente más asustada, al borde del desmayo.
Tras el desconcierto inicial se impuso el sosiego, una vez comprobado que el petardo de mecha corta, como fue descrito posteriormente, no había causado ningún herido. Los hombres calmaron a las mujeres y reorganizaron como pudieron la procesión para su remate final en Santa María.
Sí aquel atentado sorprendió a alguien, desde luego no cogió desprevenida a la policía. El comisario Silanes seguía de cerca los pasos de unos jóvenes sospechosos y situado detrás de ellos estaba en la Herrería cuando se produjo el incidente. El policía aseguró que el petardazo había salido de aquel grupo, pese a su posterior negativa, y se inició de inmediato su busca y captura.
Al cabo de una hora los guardias de seguridad y asalto detuvieron a Eugenio Mora Villanueva, fontanero, vecino de Lérez, quien declaró en Comisaría que vio la procesión con unos amigos en la Herrería, pero negó tajantemente su participación en el incidente. Solo echó a correr al oír la detonación, pero no escapó como señal de culpabilidad.
Por la noche, la policía también detuvo en el popular bar La Niña Bonita a Antonio Torres Muiños, alias "el rachana", tipógrafo, domiciliado en la calle del Arco. Su declaración no varió mucho del testimonio aportado por su amigo, pero aseguró que el petardo se lanzó desde la parte de los Soportales y no desde la Herrería, donde estaba su grupo.
A la mañana siguiente cayó Sebastián Pose Seara, "el ruquena", zapatero, vecino del puente de A Barca. Y poco después Adolfo Abeledo Pérez, barbero, domiciliado en la calle Cousiño, se presentó en Comisaría para interesarse por la situación de su amigo Eugenio y ya no salió. Identificado por el comisario Silanes como integrante del grupo sospechoso, pasó a correr la misma suerte que los otros detenidos. En cuanto recibió las diligencias policiales, el juez de instrucción ordeno el ingreso en prisión de los cuatro detenidos.
En Pontevedra no se habló de otra cosa durante los días siguientes y la prensa local tuvo una actitud contrapuesta: en líneas generales, la prensa de izquierdas silenció el incidente sin más, porque tampoco informó sobre la procesión, ni sobre la Semana Santa; mientras que la prensa de derechas habló de un acto criminal, pero minimizó su alcance.
Pocos días después corrió el rumor de la liberación de los detenidos por falta de pruebas, pero enseguida se desmintió y siguieron encarcelados durante un tiempo.
