Uno de los defectos más evidentes de quienes practican aquí el oficio político es su ya casi plena adopción, en el terreno ético, de la ley del embudo como norma general de conducta. Los demás dicen acatarlas, pero los hechos demuestran que sólo cuando les conviene. Por eso, la renuncia a su candidatura a la Xunta del aspirante socialista Besteiro ha sido forzada por sus jefes cuando las primeras imputaciones aumentaron, aunque las nuevas están relacionadas directamente con las "viejas".
Lo que aún no está claro es si eso implica su retirada de los cargos que ocupa, aunque la mayoría cree que su futuro en la vida pública es muy negro, si es que lo tiene. Y eso que apenas unas horas antes, el supuesto candidato -porque aún no lo es- al gobierno, Pedro Sánchez, daba un paseo electoral por A Coruña en su compañía. Como advirtió un filósofo, sic transit gloria mundi.
La decisión de Besteiro y su entorno directo es lógica, aunque tardía, y se produce sobre todo en un momento de especial confusión. Y no ya solo por la investigación que la jueza De Lara amplía a presuntos delitos especialmente graves para quien ejerce actividad política, sino por las fallidas maniobras de su defensor contra la magistrada. Y coincide con el bochornoso acuerdo entre Sánchez y Rivera sobre el origen de las acusaciones de corrupción que puedan producirse, que obligarían a renunciar si son de un fiscal, pero no de un juez.
La lógica pues se ha impuesto -de momento, porque con alguna gente del PSOE nunca se sabe-, aunque falta una parte sustancial; la ya inaplazable explicación profunda que debe dar la dirección federal socialista y no las quejas y balbuceos de hasta ahora y que tanto recuerdan a las del PP con Bárcenas. Porque Sánchez también defendió a Besteiro, como otros aquí, aunque no se sabe aún si con SMS o sin él.
Lo que debería dejarse claro es que la ley del embudo -por cierto, muy aplicada en Galicia desde la actual secretaría general del PSdeG-, no puede tener cabida en este affaire, por sus dimensiones, ni justificarse por motivos conspiratorios o de cualquier otro tipo artificial. Si todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y el Derecho, que se vea.
Expuesto todo ello, que no es de obligada aceptación, procedería insistir en algo que ya se sabe pero no se hace: la Justicia, para serlo de verdad, debiera actuar con fórmulas mucho más ágiles, y más seguras, sin reforzar, con filtraciones y retrasos, alguna sospecha de partidismo o de tratos desiguales. Y eso, en bien de la propia Justicia, pero sobre todo de los ciudadanos; a los que ampara, pero no siempre.
¿Eh...?
