Esta vez sí parece la definitiva. Vigo alumbra por fin la ansiada constitución del Área Metropolitana. Si todo evoluciona como está pactado será antes del verano -el presidente Feijóo ha comprometido en ello su palabra-, una vez que concellos, Xunta y Parlamento refrenden la reforma consensuada de la ley. El acuerdo histórico cerrado recientemente entre Xunta y alcaldes, superado el último escollo del transporte, pone punto final a un surrealista proceso en el que se han perdido nada más y nada menos que 16 interminables años.

Lo que no fue posible durante más de tres quinquenios, lo ha sido finalmente en solo tres meses. Más aún, en apenas tres semanas. El tiempo de sentarse todas las partes en convocatorias consecutivas y no levantarse de la mesa hasta arreglarlo. Justo lo contrario del penoso espectáculo de todos estos años. En este trayecto hemos visto como partidos de uno y otro signo ejecutaban con desfachatez maniobras a su conveniencia, ventilaban venganzas o dirimían la batalla del Área en función de sus propios intereses partidistas. Confrontaciones absurdas y muchísima impostura, porque siempre hemos dicho que si de verdad había voluntad de hacerla, bastarían un par de semanas para llegar a un acuerdo, como así ha sido.

El nuevo clima comenzó a fraguarse tras la reunión de Feijóo y Caballero, la primera en seis años, en julio pasado. Y lo ha acelerado la inminencia de las elecciones gallegas. La Xunta comprobó que someter a Vigo al aislamiento político era, además de inviable, un mayúsculo error. Y Caballero, cuya actitud vehemente y en ocasiones confrontadora es bien conocida, también asumió con su aplastante mayoría absoluta en la mano que había llegado un momento clave en la historia de la ciudad, en el que las barricadas debían dar paso a los puentes.

Por eso nos congratulamos al constatar que todos los actores implicados han sabido interpretar adecuadamente la voz de la calle, el clamor de los sectores sociales, económicos y culturales de esta enorme metrópoli, hartos de tan incomprensible bloqueo a un proyecto con el que no solo Vigo y su área de influencia, sino Galicia entera, se juega mucho.

Porque si funciona, como todos deseamos, estaríamos ante un modelo no solo trasladable a otras conurbaciones gallegas, sino útil para encarar la auténtica transformación pendiente del mapa territorial de nuestra autonomía. Los nuevos tiempos imponen nuevas formas de hacer política, de administrar y de gestionar los recursos públicos cada vez más limitados. El Área Metropolitana es una oportunidad única para plasmarlo. De hacer más con menos. De aprovechar sinergias, de optimizar lo que tenemos con políticas audaces y valientes.

La irrupción en el tablero político de nuevos actores y formaciones en un escenario mucho más plural apremia sobremanera a las fuerzas mayoritarias a tomar la delantera en el diálogo, a tender puentes para alcanzar acuerdos con los que sacar adelante proyectos colectivos. Ya hemos comenzado a ver que, si se ponen manos a la obra, pueden tener resultados positivos en poco tiempo. Todo lo contrario que hasta ahora, con los grandes partidos más interesados en cuidar su marca que en servir a la población. Seguir así, dejar que el partidismo, por no decir el sectarismo, predomine sobre el interés general, solo puede abocarlos a la insignificancia frente al surgimiento de formaciones emergentes nacidas con la pretensión de borrarlos del mapa.

Desde que el PP aprobó con sus únicos votos la ley actual en el Parlamento de Galicia, en 2012, el ente permanecía comatoso, sin el respaldo de la metrópoli ni el consenso de los consistorios que la integran. Cuatro años después, han bastado tres semanas para pactar la gobernanza dando a Vigo el peso que le corresponde a satisfacción de los 14 concellos que la integrarán y con otros 14 concellos esperando para incorporarse.

Ese clima constructivo debe ser el paradigma de los nuevos tiempos políticos. En el mejor instrumento para resolver los problemas. Y hay razones para empezar a creer en ello. La amenaza del bloqueo urbanístico que se cernía sobre proyectos clave para Vigo como la ampliación de PSA, el complejo de Tom Mayne y intermodal con la anulación del PXOM, se ha salvado con una ley exprés consensuada "ad hoc" por PP y PSOE.

Y dos semanas han sido también suficientes para alcanzar un acuerdo sorprendente por inesperado: convertir el viejo Xeral en futura sede de la Ciudad de la Justicia cuando ya estaba a punto de construirse el tercer edificio en el complejo de la calle Lalín tras la expropiación de los terrenos. La solución planteada "in extremis" por el vicepresidente Rueda cuenta con el agrado y visto bueno de toda la judicatura.

También de empresarios, sindicatos y de los comerciantes de la zona, que ven como sus negocios se vienen abajo desde el cierre del hospital. Bastó que la Xunta expusiera el proyecto al Concello y se comprometiese a lograr en tiempo y forma la cesión del inmueble, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social, para que el gobierno local le diese todas las facilidades. Un compromiso que lleva pareja la búsqueda de alternativas al actual complejo judicial, para el que el Concello ya ha propuesto la opción de la anhelada Biblioteca Estatal.

Ya está tardando la ministra Báñez en desplazarse a Vigo para garantizar la cesión del "Pirulí" que haga viable el proceso. Lo hará mañana lunes. Después todavía faltará plasmarlo por escrito con los oportunos registros, así que conviene que cuanto antes quede todo atado y bien atado, mejor. Los vigueses están muy hartos de experiencias fallidas y de esperas insoportables como para volver a repetirlas. Por eso sería muy oportuno crear una comisión "ad hoc" que vele por el cumplimiento de plazos ante el nuevo giro dado a la Ciudad de la Justicia. Cuanto más vigilantes, mejor para todos.

El tiempo dirá cuánto hay de auténtico en este nuevo clima político. Puede que primen detrás de todo ello intereses partidistas y electoralistas, estando como estamos a las puertas de unas trascendentales elecciones en Galicia. A pocos ciudadanos les importará tal cosa si se respetan los intereses de esta gran área geográfica de 600.000 habitantes. Ya decidirán después con sus votos cómo actuar. Ahora lo que esperan de sus gobernantes, una vez logrados puntos de encuentro, es seguir por esa senda y empezar a ver realidades con la máxima diligencia. Más que nunca, es el momento de demostrarlo con hechos.