En un reciente trabajo publicado por FUNCAS en su revista Spanish Economic and Financial Outlook, analizo la situación actual de las finanzas públicas españolas y los retos por delante. De forma natural, las Comunidades Autónomas (CC AA) en su conjunto emergen como una fuente de inestabilidad e incumplimiento fiscal. ¿Qué hacer para remedirlo?
En el plano legislativo, más que endurecer la legislación vigente, se trataría de aprender de lo ocurrido en estos últimos años y de introducir mayor automatismo en lo que atañe a los protocolos a activar en caso de incumplimiento.
En segundo lugar, en lo que atañe a la senda de déficit fijada para las CCAA hasta 2018, podría suavizarse mediante una reasignación de las cuotas de déficit asignadas a cada nivel de gobierno.
En tercer lugar, es perentorio reforzar sustancialmente la autonomía tributaria de las CCAA de régimen común, endurecer su restricción presupuestaria y ajustar mejor la distribución global de los recursos a las necesidades de gasto en cada región. LAS CCAA deben ser responsables principales de obtener los recursos que gestionan y no perseverar en la actual dependencia en la administración central. España no sale mal parada en las comparaciones internacionales referidas al porcentaje de ingresos tributarios descentralizados. Por ejemplo, en la UE-25 es líder en lo que se refiere al escalón intermedio de gobierno, por delante incluso de todos los países federales. Lo que falla son los detalles. Entre otros, la escasa visibilidad del poder tributario autonómico en el caso del IRPF y los enormes retrasos con los que los ciudadanos y la propia administración nota los efectos de los cambios en la normativa autonómica; la competencia fiscal nociva en el caso de la imposición patrimonial; la falta de capacidad normativa en el ámbito de la tributación indirecta, aunque sea de forma colectiva; o la ausencia de un catálogo de figuras tributaria tipo en el ámbito medioambiental y energético, que potencie la seguridad jurídica y armonización.
Finalmente, es fundamental endurecer la restricción presupuestaria de los gobiernos autonómicos, para forzar a gobernantes y ciudadanos a asumir los costes de sus decisiones de gasto, incentivar el uso de la capacidad normativa y, en definitiva, incrementar la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas. En particular, los mecanismos extraordinarios de liquidez que benefician actualmente a las CCAA deberían desaparecer lo antes posible.
Esta es la hoja de ruta. Lo que falta ahora es un gobierno en La Moncloa con vocación reformista.
*Director de GEN (Universidade de Vigo) @SantiagoLagoP
