En su obra El laberinto español, Gerald Brenan describe que ya en 1840 "no eran solo los empleos del Estado los que caían dentro de la influencia de los partidos políticos. Los principales intereses industriales de España, estaban muy estrechamente ligados a la política y a los puestos en los consejos de administración".
Lamentablemente, 186 años después, en pleno siglo XXI, todo sigue igual. La prórroga de la concesión de Ence, S.A., así lo demuestra. Es un escándalo de dimensiones predemocráticas. Y merece una reflexión. Porque esta prórroga, se otorga por el Gobierno en funciones a Ence Energía y Celulosa, por medio de una resolución incoherente, arbitraria y plagada de errores. Y si la prórroga es un disparate jurídico, no lo es menos la resolución del anterior expediente de caducidad que le da cobertura. Más allá de la mera sospecha, una lectura jurídica de los hechos demuestra que en esta ocasión también los principales intereses industriales están estrechamente ligados a la política y al Gobierno, a exministros y altos cargos del Partido Popular alojados en el Consejo de Administración de Ence Energía y Celulosa, S.A., y a las prisas por resolver el problema ante la previsible pérdida del poder político tras los comicios del 20/12/2015.
Conviene recordar que la parcela concesional procede de una Orden de Franco en 1958 que más tarde se incluye en un deslinde aprobado el 14 de octubre 1996. ENCE presentó alegaciones al trámite, afirmando que los terrenos de dominio público marítimo-terrestre ya habían perdido su condición de tales, pero estas alegaciones fueron desestimadas por el Ministerio de Medio Ambiente. La Xunta de Galicia recurrió entonces el deslinde, ante el Tribunal Supremo, sin éxito. Confirmado éste, se ponía en entredicho el futuro de Ence, Elnosa, Holcim y la Edar de Placeres en su actual emplazamiento más allá del 2018.
Por su parte, el Concello de Pontevedra, presidido por Fernández Lores, quiere esta parcela urbanizable, pero sin Ence. Por eso paraliza el nuevo PXOM y promociona infraestructuras que ayudan a consolidar los terrenos ganados al mar: nudo de Mollavao, colectores, estación elevadora en la playa de Placeres, Paseo Marítimo o la propia Edar de Placeres, y permite que Ence, Elnosa y Holcim desarrollen sus actividades (Nocivas y Peligrosas) sin la exigencia de la preceptiva Licencia Municipal.
Mientras tanto, la Xunta de Galicia lidera la privatización de Ence en 2001 para Corporación Caixagalicia. Y en 2003 le aprueba un proyecto sectorial declarado de incidencia supramunicipal que contempla la ampliación de las instalaciones existentes y la construcción de una nueva planta de papel tisú, entre otras. Pero no lo hace gratis. En compensación, Caixagalicia dona a la Xunta 420.000 m2. del Monte Gaiás, en Santiago de Compostela, para la "célebre Ciudad de la Cultura". Y también se emplea a fondo para justificar la inversión millonaria de fondos Feder en la Irregular Edar de Placeres construida en terrenos concesionales de Ence, sin título habilitante alguno, como sucede con el emisario submarino.
El "trueque" incluye un compromiso: privatizar los terrenos ganados al mar para consolidar el cierre del ciclo industrial. Para ello, el Grupo Empresarial Ence, S.A., necesita obtener del Estado la declaración de innecesariedad de la protección del dominio público marítimo-terrestre de la parcela concesional. Pero "Salvemos Pontevedra" se opone y provoca la denegación de tal pretensión, "porque son terrenos ganados al mar, insusceptibles de desafectación". Inalienables. Esta resolución frena cualquier intento de privatización y consolidación de Ence en Lourizán, a la vez que deja en entredicho a la Administración del Estado, que ha venido dando cobertura a numerosas infracciones y delitos ecológicos de la pastera.
En 2004, "Salvemos Pontevedra" pone sobre la mesa de la ministra de Medio Ambiente la Certificación Registral del historial jurídico de las fincas ganadas al mar, en el que no consta ninguna inscripción a nombre del Grupo Empresarial Ence, S.A., como beneficiaria de concesión administrativa en las marismas de Lourizán. También denuncia la existencia de una planta de biomasa y lejías negras de producción de energía eléctrica, a pesar de que, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, esta industria produce 79 contaminantes asociados a enfermedades respiratorias, cardíacas, malformaciones y cáncer.
El 19 de mayo de 2011 lega la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al Estado a incoar expediente de caducidad de la concesión otorgada a Ence, S.A., y a adoptar todas las medidas legalmente contempladas para proceder a la paralización de las actividades y al cierre de las instalaciones, ratificada el 11 de julio de 2014 por el Tribunal Supremo. La sentencia es contundente, pero la oportunidad de contar con un gobierno amigo, dispuesto a colaborar con la multinacional condenada por delito ecológico, conduce a la única solución posible: la modificación de la Ley de Costas para que permita prórrogas hasta 75 años y transmisión de concesiones intervivos. Cuyo resultado es esta singular ejecución de sentencia y su arbitrario resultado: una prórroga de 50 más 10 años a la concesión otorgada al INI en 1958.
Pero como sucede incluso en los "atracos perfectos", siempre queda un cabo suelto. Aquí también existe, no uno, sino varios. Y "Salvemos Pontevedra" los utilizará para demostrar que, cuando la prepotencia y las prisas se imponen, aumentan los errores, como en este caso, que muestran una vía directa para la anulación de la prórroga. Esta vía permitirá retrotraer el procedimiento a la fase de alegaciones, que darán origen a una nueva resolución más coherente y ajustada a Derecho. Aquí tiene la palabra la Asociación Pola Defensa Da Ría (APDR). Solo tiene que interponer un Contencioso-Administrativo ante la Audiencia Nacional, alegar indefensión por habérseles negado la condición de interesados en el expediente y solicitar la anulación de las actuaciones. Tiene a su disposición unidad de doctrina en las sentencias de "Salvemos Pontevedra".
*Presidente de Salvemos Pontevedra
