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El equilibrio entre lo público y lo personal

21.02.2016 | 06:54

Hasta la "Aguirre deja su puesto de funcionaria y ficha por una empresa de cazatalentos" (El Mundo, 14/01/2013), "Felipe González dejará de ser consejero de Gas Natural 'por aburrimiento'" (Infolibre, 10/01/2014), "Morenés reconoce haber firmado 32 contratos con su antigua empresa desde que es ministro" (Público, 10/03/2015) son solo tres entre demasiados titulares sobre el fenómeno de las puertas giratorias que coadyuva a aumentar en nuestro país la corrupción percibida.

Las puertas giratorias son el movimiento de altos funcionarios y políticos del sector público al privado y viceversa. Implica la conversión del desempeño de responsabilidades públicas en beneficios privados. Los franceses denominan a este fenómeno pantouflage, de pantoufle (zapatilla), en referencia al dinero que los recién egresados de las prestigiosas altas escuelas de formación de la élite administrativa y política del país estaban obligados a reembolsar en caso de incumplimiento de su compromiso de diez años de servicio a la Administración pública. El pagador solía ser la empresa emisora de los cantos de sirena que les apartaba de su vocación pública. El término puertas giratorias, o su quizás más conocida versión inglesa revolving doors, se aplica al salto de la orilla pública a la privada, por ejemplo, por parte de políticos que al final de su carrera o tras un fracaso electoral se refugian en empresas, en el segundo caso temporalmente. Constituye una variante el movimiento en dirección contraria de un ex político o alto funcionario que retorna a la vida pública, a condición de ocupar un puesto de mayor responsabilidad y remuneración que en la empresa como compensación a una tramposa, pues su elevada retribución en la esfera privada se explicaba por su anterior experiencia pública, "pérdida de dinero".

El fenómeno de las puertas giratorias, particularmente frecuente en ámbitos como la sanidad, las finanzas, la energía o la defensa, ha ganado momento a medida que se han ido estrechado las relaciones entre los sectores público y privado, como consecuencia de la privatización de industrias estratégicas, el incremento de los servicios públicos prestados por agentes privados o el aumento de los partenariados público-privados para la construcción de infraestructuras o establecimientos públicos.

Conviene precisar que las puertas giratorias no constituyen una anomalía singular de la política española, sino que son una tarea pendiente o mal resuelta en todos los países de nuestro entorno y las instituciones de la UE. Si bien, en la regulación del mercado único, a diferencia de lo que ocurre en el contexto estadounidense, debemos poner en valor la ausencia de rotación entre funcionarios de la Dirección General de la Competencia y el mundo empresarial, un rasgo propio de la autoridad de la competencia europea, la más poderosa del mundo, que protege el interés público.

Las puertas giratorias no son necesariamente sinónimo de corrupción, pero sí puede funcionar como catalizador de prácticas ilícitas y siempre plantean preguntas de índole ética profesional y pública. Se juega con la imparcialidad de los decisores públicos, incluso solo por su interiorización de las normas y valores propios del mundo de la empresa, bien alejados de los códigos deontológicos del sector público, presididos por la defensa de los bienes y el patrimonio públicos, el servicio al ciudadano o la humanización de la administración.

En respuesta a todo lo anterior, debemos, por una parte, actuar para equilibrar el interés individual y el interés público en las carreras de los altos funcionarios y políticos, mediante el impulso de ambiciosas regulaciones de las puertas giratorias que durante las etapas de ejercicio de responsabilidades públicas garanticen la estricta observancia de los principios y valores de la función pública europea, comenzando por el compromiso exclusivo con los ciudadanos, la imparcialidad y la trasparencia.

Algunos mecanismos a tener en cuenta son el estableciendo de períodos de enfriamiento o tiempos de espera de obligado respeto antes de (volver a) empujar la puerta giratoria, o la creación de órganos de control de las carreras de los ex políticos y altos funcionarios, al menos como el comité consultivo británico encargado de la emisión de una opinión previa a la contratación de ex ministros.

Por otra parte, estamos obligados a defender el valor de lo público frente a la interesada hipocresía de quienes tildan de ineficientes las normas que nos hacen iguales. En palabras de una de nuestras plumas en activo más sutiles, "no se puede olvidar el valor y la precariedad de lo bueno que se ha conquistado porque entonces se olvidará también la necesidad de su defensa constante" (A. Muñoz Molina).

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