EDITORIAL

La agonía del viento gallego

21.02.2016 | 02:46

En los monográficos con los que la Xunta promociona Galicia entre los inversores, la eólica es todavía un sector supuestamente con buenas expectativas de desarrollo a corto plazo y un ejemplo de la apuesta en la comunidad por las energías renovables, pilar del nuevo modelo productivo. Hasta 2008, la región ocupaba la cuarta posición entre las potencias europeas en aprovechamiento del viento para la producción de electricidad. El negocio representaba el 1,2% del PIB y cerca del 2% de la inversión empresarial acumulada. Todo un oasis para un territorio ansioso de nuevas oportunidades tras la dura reconversión naval y las sucesivas crisis de la pesca y la ganadería.

Lamentablemente el viento ha cambiado y no para bien. Con nuevas reglas, las bondades de la eólica se diluyen. Se asemeja más a un enfermo crónico desde que la reforma energética dejó sin la medicina de las primas con las que antes se le premiaba .Y por si todo eso fuese poco, aunque pendiente de recurso ante el Supremo, la última sentencia del Tribunal Superior que anula la resolución del concurso eólico de la Xunta de 2010 constituye todo un jarro de agua fría.

Como tantas otras veces, las promesas se las ha llevado el viento. En nada ha quedado aquel maná de 6.000 millones de euros y 12.000 empleos, entre directos e indirectos, que se calculó que generaría el concurso eólico, el mayor de cuantos se han convocado en la historia de Galicia. Por causas ajenas, sin ninguna duda, pero también propias. Que mucho de ello hay. Nada como repasar la reciente hemeroteca para comprobar que la deriva del sector eólico gallego tiene aires casi de vodevil, si no fuese porque es algo para tomárselo de cualquier manera menos de broma.

El último episodio ha sido la contundente sentencia del TSXG tras la demanda presentada por una de las empresas que quedó fuera de las adjudicaciones. El fallo sostiene que la valoración de los proyectos industriales a la hora de adjudicar los 2.325 megavatios fue "arbitraria" y vulneró los principios de igualdad de trato y no discriminación. Lo fue porque, sostienen los jueces, la comisión encargada de revisar las ofertas tenía dudas sobre la aplicación de uno de los criterios y optó, tras el llamativo silencio de la propia administración cuando se le pidieron aclaraciones, por puntuar a todas las compañías por igual. La sentencia obliga expresamente a dar marcha atrás y volver a la fase de valoración de las candidaturas. La Xunta, que ve contradictorio el fallo con otros anteriores del mismo tribunal, recurrirá al Supremo para evitar lo que, sin duda, supondría un mazazo a un proceso polémico desde el principio.

Con los suculentos beneficios que el sector arrojaba en Galicia en su momento álgido, -fruto de la década en que fue pionero en España, los récords en el consumo eléctrico en plena bonanza y las generosas subvenciones que los parques recibían a mayores de lo cobrado por la venta de su producción en el mercado-, la Xunta bipartita vio en la eólica la mejor bandera para su mensaje de galleguización de los recursos naturales. Y lanzó un primer concurso, duramente cuestionado por la posibilidad de primar con una mejor calificación a aquellos proyectos que reservasen una parte del capital a la administración. El bipartito se vanaglorió de acabar con la asignación a dedo como había hecho Fraga hasta entonces y convocó una puja que, sin embargo, gestionó con enorme torpeza.

La trifulca interna entre PSOE y BNG por liderar aquel proceso se saldó con el plante de los representantes de las consellerías socialistas en la misma mesa de valoración y la amenaza de veto. El anuncio de los ganadores llegó a retrasarse en un par de ocasiones en medio de una enorme bronca y cuando se hizo la legislatura estaba en los estertores.

El PP, en la oposición, vio en aquel descrédito la oportunidad para hacer sangre y convirtió la subasta del bipartito en una de las armas electorales con las que Feijóo reconquistó San Caetano. Precisamente, una de sus primeras decisiones en el Gobierno fue anular el reparto por las "tachas de legalidad" que, aseguraron entonces, había detectado la asesoría jurídica autonómica. Los populares lanzaron su propio concurso. En la nueva puja, optaron por abolir la participación pública en los parques, sin renunciar a la posibilidad de amarrar parte de los rendimientos de los promotores. De ahí la instauración del canon eólico y de mantener la obligación de presentar un plan industrial para entrar en el reparto.

La controversia, otra vez, estaba servida. Y ahí radica en parte la explicación de lo ocurrido ahora con la sentencia del TSXG que anula el reparto. Los criterios generales empleados para puntuar los planes industriales dieron rienda suelta a las empresas, que llegaron a prometer la construcción de un hospital privado, granjas o la famosa incineradora del sur de Galicia que, por carecer, ni siquiera disponía de los permisos pertinentes. Pero el estallido de la doble recesión, el cierre del grifo del crédito y la decisión del Ministerio de Industria de suprimir las primas acabaron por truncar las expectativas. Esa misma reforma energética también golpeó de lleno a los parques en funcionamiento. Los más antiguos, hasta el 60% de los ubicados en Galicia, perdieron todo tipo de retribución pública de la noche a la mañana.

Por si fuera poco, periódicamente salta a la luz alguna resolución judicial de las reclamaciones por la eliminación de la subasta del bipartito. Por el canon eólico. Por la decisión de la Xunta de aplicarles a los parques el impuesto de Transmisiones Patrimoniales en contra del parecer del Tribunal Económico-Administrativo y del Superior. Decenas de demandas, muchas todavía en espera de sentencia, que solo alargan la desconfianza y la inseguridad jurídica.

La energía no puede estar al margen de las decisiones políticas porque se trata de una actividad transcendental para la economía y también para los ciudadanos. Su materia prima es un bien de primera necesidad. Pero la alternativa no puede estar en la politización del sector, ni en las malas decisiones de las administraciones y los partidos, ni en la refriega entre ellos.

El sector precisa de unas reglas de juego claras y perdurables en el tiempo que permita a las empresas tomar decisiones sobre bases sólidas de mercado, en vez de quedar al albur de los caprichos de éste o aquel político de turno. No han sido pocos los varapalos en Galicia, siendo como es un sector clave. Demasiado tiempo se ha perdido con enredos políticos, jurídicos y técnicos. Pero no queda otra que rearmarse y prepararse para poder recuperar el vuelo cuando definitivamente la economía se consolide y la demanda eléctrica vuelva a pisar el acelerador.

El viento en Galicia ya perdió el tren una vez. Cuando con la anulación del primer concurso se evaporaron las posibilidades de que los parques adjudicados se inscribieran en el registro creado por el Gobierno para cribar la entrada de nuevas instalaciones de renovables. Y puede perderlo de nuevo ahora con la delicadísima situación en la que queda el actual tras el fallo del Superior. Toca atar los cabos que haya que atar para no dejar que el eólico vuelva a escapársenos de las manos. Lo contrario sería imperdonable.

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