Desde que los Ayuntamientos de Madrid y de Barcelona pasaron a ser gobernados por formaciones políticas alternativas, no hay día en que cualquier incidente surgido en su alrededor no sea objeto de pesquisa inmediata por medios hostiles. Y casi siempre mediante la exageración o la caricatura del hecho noticioso.
En el Madrid de Manuela Carmena (la "abuelita lobo", como le llaman en algunas emisoras de radio) tuvimos el caso de la cabalgata de Reyes que desató una polémica escandalosa al cambiar los organizadores el diseño de los trajes tradicionales por otros que carecían, al decir de los críticos, de "rigor histórico" (¡como si la existencia de los propios Reyes Magos tuviera algún atisbo de haber sido una realidad!). Luego, volvimos a rasgarnos las vestiduras ante la aparición de una supuesta lista de personajes a los que se iba a quitar el nombre de unas calles por su también supuesta implicación como activos colaboradores de la dictadura franquista. Y esta semana, tenemos en la primera plana de la actualidad periodística al acoso sufrido en la calle por el concejal de seguridad, José Javier Barbero, que fue insultado por unos policías municipales que protestaban contra la disolución del cuerpo de antidisturbios dependiente del concejo.
Al señor Barbero y a sus acompañantes los recibieron con insultos ("Rojos de mierda, perroflautas, hijos de puta") y hubieron de refugiarse en un bar mientras no llegaba el coche oficial que los sacó de allí, previo un zarandeo del vehículo. El concejal reconoce que pasó miedo y comparó la actitud de algunos manifestantes, que agitaban banderas españolas, con lo ocurrido en manifestaciones fascistas. "Abriremos una investigación -dijo- para determinar si hubo delito de incitación al odio".
Mientras eso se dilucida, los sindicatos policiales quitan importancia al incidente y explican el malestar de sus representados en el hecho de que el ayuntamiento haya suprimido la unidad antidisturbios so pretexto de que esa competencia está cubierta por la Policía Nacional y en cambio en los distritos faltan agentes para cumplir las tareas que les son propias. En algunos medios, y en algunas tertulias de la televisión, se comentaron con mucha guasa las quejas del concejal Barbero por no haber recibido protección de los antidisturbios de la Policía Nacional a los que llamó para defenderse del acoso de su propia policía.
El incidente me recuerda lo sucedido hace años en el Ayuntamiento de Madrid siendo alcalde por el PP el inefable Álvarez del Manzano. En aquella ocasión, la Policía Local había ocupado las instalaciones municipales para protestar por la negativa del alcalde a pagarles las horas extras invertidas en controlar a los jóvenes asistentes a tumultuarios botellones nocturnos que molestaban a los vecinos.
La tensión entre la primera autoridad de la Villa y los policías que ocupaban el edificio municipal fue creciendo y en un momento determinado el alcalde cometió la temeridad de solicitar la intervención de los antidisturbios nacionales para que desalojasen a los policías rebeldes. Los antidisturbios que entonces cobraban mucho menos sueldo que sus colegas madrileños recibieron el encargo con entusiasmo. La intervención fue rápida, expeditiva y contundente. Molieron a porrazos a los colegas y el señor Álvarez del Manzano tuvo que refugiarse rápidamente en su despacho para ponerse a salvo de la furia que él mismo había desatado.
