Uno de los elementos más llamativos -y también, por frívolo, divertido- del oficio público gallego es ver a algunos de sus protagonistas declararse "apolíticos" cuando les conviene distraer la atención. Naturalmente nadie se lo cree, pero los citados actúan como si la suya fuese una verdad generalmente aceptada. Algo que, dicho sea de paso, demuestra -otra vez- la falta de respeto que sienten por sus audiencias o por los curiosos que se les acercan para escucharles.
El asunto no es nuevo, pero está de actualidad por el follón que se ha organizado a causa del anteproyecto de Ley de Acuicultura, que pretende ordenar un sector en el que Galicia fue referente, importancia que algunos, desde la inopia, se empeñan en rebajar. Pero ocurre que se les ve el plumero, alborotan a una parte de la sociedad con fines casi exclusivamente electorales a medio plazo -es decir, de cara a las gallegas de este año- y en un intento por disimular, los opositores convocan reuniones declarándolas "apolíticas" pese a que en algún caso son diputados.
Claro que, quizá porque todo pecado lleva su penitencia, quien promueve el anteproyecto, que es el PP, envía embajadores a todas partes para repetirle al sector que sus intenciones son solo técnicas; es decir, "apolíticas". O sea, desde un argumento parecido al de sus rivales, aunque nadie duda aquí de que cuando anunciaron su intención en víspera electoral general buscaba simpatías y, sobre y ante todo, votos,
Lo del pecado y la penitencia se cita porque el PP se precipitó, tenía el asunto muy verde y sus adversarios le alborotaron el cotarro y le chafaron la fiesta. Y como suele decirse en el ámbito penal incurrieron en imprudencia temeraria: ahora tratan de hacerse perdonar jurando que si no hay acuerdo no habrá Ley. Una excusa que suena como remedio bastante peor que la enfermedad, porque la ordenación del sector es imprescindible.
Y ahí está el quid de una cuestión que en ningún caso puede quedar al margen de la Política -con mayúscula- por su propia naturaleza reguladora, que afecta a intereses generales y particulares y suscita polémica. Un asunto que nadie debe afrontar con trampas, porque los perjudicados serán todos los ciudadanos.
Pero se hacen. Primero, quienes se declaran "apolíticos" pero actúan en función de tesis de partidos y/o sindicatos antes que pensando en el bien común. Y es trampa manejar intenciones supuestas -privatizaciones o sumisión y servilismo a capitales extranjeros- pasando por citas a textos inexistentes. Y la acuicultura gallega merece más que la improvisación de la Xunta y el sectarismo de la oposición.
