Más que la jefatura del Gobierno, lo que acaso se disputen los candidatos en la actual riña de gallos por La Moncloa es el derecho a convertirse en expresidentes. No hay canonjía como esa para resolverle la vida a uno, incluso a temprana edad.
Da igual que el próximo Consejo de Ministros dure apenas unos meses o como mucho un año, amenazado como estaría por su fragilidad aritmética en el Congreso. Lo que importa es que al cabo de ese breve tiempo de cotización a la Seguridad Social de la casta, el fugaz presidente se retiraría con una pensión de entre 80.000 y 100.000 euros al año. Para toda la vida, que es mucha cuando el agraciado anda aún por los cuarenta y pocos tacos de edad.
Los expresidentes disfrutan en efecto de un estatuto propio, regulado en su día por Felipe González. Gracias a esa prebenda pueden elegir entre un sueldo vitalicio de cerca de 80.000 euros anuales o bien optar por los 100.000 a los que les da derecho su pertenencia al Consejo de Estado. Beneficios a los que aún habría que agregar el uso de coche oficial con su correspondiente chófer, la escolta y los viajes gratis total.
Cierto es que esos privilegios adjuntos al cargo que desempeñaron en su momento son incompatibles con el ejercicio de actividades privadas; pero poco ha de importarles tan pequeña traba. De hecho, solo Zapatero llegó a integrarse en el Consejo de Estado, órgano de competencias más bien difusas y de muy escasa exigencia laboral.
Sus antecesores González y Aznar, tal vez más dotados para la gestión, prefirieron dedicarse a las asesorías internacionales, a dar conferencias de alto caché y a buscarse un buen pasar en los consejos de administración de las eléctricas. Además de bien remunerado, el oficio de consejero es de mucho descanso, lo que acaso explique que el político socialdemócrata y el conservador coincidiesen, a pesar de sus diferencias, en alguno de esos consejos.
Poco parece importar, a estos efectos, que los expresidentes tomasen anteriormente decisiones sobre las compañías que luego los acogieron en su dulce seno, con retribuciones adecuadas al alto cargo ejercido en la gobernación del país. Ni aun el hecho de que tales empresas pertenezcan a sectores estratégicos de la economía o fuesen en otro tiempo propiedad del Estado. A diferencia de lo que ocurre con los jubilados del común, el retiro de los políticos es compatible con casi todo.
De ahí que el puesto de expresidente esté más cotizado todavía que el de presidente propiamente dicho. Los 100.000 euros de soldada vitalicia son un cebo lo bastante atractivo como para que cualquier candidato a hacerse con la jefatura del Gobierno luche contra todos los obstáculos e incluso contra la aritmética en su propósito de alcanzar el poder.
No hay vieja ni nueva política en esto, sino política a secas. Bastó, en realidad, con que los pactos les abrieran una opción de formar gobierno -por mínima que sea-para que los que venían a cambiar el país perdiesen el oremus y hasta las nalgas por hacerse con el mando. Nada que no sospechasen ya los más escépticos.
Alarma un poco, si acaso, la posibilidad de que España entre en la dinámica italiana de pactar y derribar gobiernos cada uno o dos años, como sugiere la actual composición del Congreso. Por si sí o por si no, habrá que ir ampliando ya la partida de los Presupuestos dedicada al pago de pensiones de los expresidentes.
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