La Superioridad fue durante el franquismo en su mejor tiempo una suerte de entelequia frente a la cual no había nada que hacer. Detrás de la Superioridad se sobrentendía que estaba el Régimen personificado en el Caudillo y, por tanto, no era cuestión de contrariarlo.
No está nada claro que fuera exactamente así. Pero en nombre de la Superioridad se cometieron muchos atropellos en aquellos años. La Superioridad amparó en última instancia la instalación y el funcionamiento de Celulosas, puesto que era un proyecto propio.
Tal cosa sucedió a partir del 19 de julio de 1965. Entonces se abrió un período de exposición pública sobre la petición de licencia municipal que un mes antes formalizó la fábrica cuando ya estaba en funcionamiento.
El expediente instruido registró medio centenar de escritos y alegaciones, entre instituciones, organismos y corporaciones, además de casi doscientas firmas de personas físicas.
A caldo pusieron a Celulosas en aquellos escritos: contaminación atmosférica, olor pestilente, aguas residuales contaminadas, residuos en las playas, daños en cultivos y viñas, y un largo etcétera. Por razones obvias, en aquellos primeros tiempos aún no había asomado a la superficie la contaminación de la ría que se conoció después
Junto con la Diputación Provincial y los ayuntamientos de Marín, Bueu, Moaña, Vilaboa, Poio y Sanxenxo, estaban también la Comandancia de Marina de Vigo, el Sindicato Vertical de la Pesca, el Instituto Español de Oceanografía, la Hermandad Sindical de Agricultores y Ganaderos, la Jefatura de Agronómica o el Liceo Casino, entre otros muchos. En definitiva, entidades nada sospechosas ni ajenas al mismo Régimen.
Médicos, hosteleros, pescadores, mejilloneros, aserraderos, portuarios, etcétera. Incluso personas tan relevantes en Pontevedra como Isidoro Millán González-Pardo, Carlos Sobrino, Antonio Pastor de la Medem, Claudio Losada Fernández o Antonio Alonso Núñez, presentaron escritos contrarios.
Unos y otros alzaron su voz contra Celulosas cuando pudieron hacerlo dentro del trámite preceptivo y así constó ante el Ayuntamiento de Pontevedra.
A juzgar por el contenido del expediente instruido, no cabe la menor duda de que fue el proyecto más cuestionado ante la Superioridad en la historia de Pontevedra durante todo el franquismo. Sin embargo, tal griterío no evitó la concesión de aquella primera licencia municipal, a la que luego siguieron otras varias de sus sucesivas ampliaciones no exentas de nuevas polémicas.
Las razones sociales, económicas y políticas pesaron más que todas aquellas denuncias y advertencias iniciales.
