Medio siglo después de la instalación efectiva de la fábrica de Celulosas en Lourizán, una vez sumada la licencia municipal del Ayuntamiento a la concesión administrativa del Estado, no está de más un recordatorio histórico en torno a cómo se gestaron ambas cosas.
Entre el inicio de la tramitación administrativa para ocupar un terreno de dominio público marítimo terrestre (año 1956), el otorgamiento de la concesión para instalar la fábrica (1958) y la aprobación de la licencia municipal para su funcionamiento (1965), pasaron casi diez años.
La cesión estatal al Instituto Nacional de Industria (INI) de 612.500 metros cuadrados en Lourizán, entre la vieja carretera y la nueva autovía, se oficializó en un plazo razonable. Antes se constituyó la Empresa Nacional de Celulosas de Pontevedra, su primera denominación oficial. La primera decisión de su consejo de administración fue nombrar en vida presidente de honor a Daniel de la Sota Valdecilla, padre e impulsor de la repoblación forestal.
El 11 de febrero de 1958 desembarcó en Pontevedra la mayor parte de aquel consejo de administración para anunciar a bombo y platillo la inminente subasta de las obras de construcción de la nueva fábrica. Sin embargo, la buena nueva quedó un tanto oscurecida por el fallecimiento de Daniel de la Sota aquel mismo día, todo un mal presagio de lo que ocurrió después.
La fábrica que surgió en Lourizán no tuvo nada que ver con aquella otra que vislumbró Castelao en su obra cumbre Sempre en Galiza, convencido como estuvo por el propio De la Sota de las bondades que traería la repoblación forestal y su ciclo industrial.
La puesta en marcha de Celulosas resultó compleja porque nadie sabía una palabra sobre un proceso de producción tan exigente. Todo estaba por hacer en la industria de la celulosa en España.
Hasta 1963 abundaron las alabanzas y los parabienes entorno a la nueva fábrica porque generó inversión, promovió empleo y prometió riqueza. Con la Cros, Tafisa y Pontesa, Pontevedra se situó en el mapa de la industrialización, un anhelo bastante compartido en aquel tiempo.
A partir de la puesta en marcha de Celulosas, los humos contaminantes y los pestilentes olores acabaron con su buena estrella. En 1964 se encendieron las luces rojas y saltaron todas las alarmas, y en 1965 la fábrica se convirtió literalmente en un casus belli. La Justicia firmó su condena más tarde.
Durante bastante tiempo adquirió carta de naturaleza la patente falsedad de que la fábrica de Lourizán carecía de licencia municipal. Por esa razón había que cerrarla. Esa resultó una leyenda urbana más, igual que aquella otra tan extendida hasta ayer mismo, que atribuyó su llegada a José Fernando Filgueira Valverde, cuatro años antes de su nombramiento como alcalde de Pontevedra, cuando no ostentaba ningún cargo relevante.
A ver si queda claro de una vez por todas: Filgueira no tuvo nada que ver con la instalación de la fábrica en Lourizán. Sin embargo, tuvo mucho que ver con el otorgamiento de su primera licencia municipal. Él estuvo allí y tragó como todos los demás jerarcas.
Poco sabido resulta que hasta 1964 la legislación aplicada en España por el Tribunal Supremo interpretaba que los ayuntamientos no tenían ninguna competencia sobre las zonas marítimo-terrestres de su término municipal. Por esa poderosa razón, el INI nunca solicitó la licencia al Ayuntamiento de Pontevedra. Estaba en su derecho.
Pero aquel año, el alto tribunal se enmendó la plana a sí mismo y cambió su interpretación de forma radical.
El Tribunal Supremo estableció mediante una sentencia fechada el 17 de octubre de 1964, que a la hora de autorizar cualquier obra en una concesión marítimo-terrestre, todos los órganos administrativos tenían mucho que decir dentro de su ámbito de competencia. Sus permisos eran imprescindibles.
Prácticamente al mismo tiempo confluyeron sobre Celulosas tres factores negativos de extrema gravedad en 1965: las quejas cada vez más fuertes sobre sus incidencias medioambientales, la exigencia de contar con un permiso municipal que enseguida reclamó el propio ayuntamiento pontevedrés y también el obligado sometimiento de la fábrica al Reglamento de industrias molestas, nocivas, insalubres y peligrosas.
Para afrontar esa peliaguda situación que desbordó por completo el ámbito municipal, el gobernador civil, José González Sama-García, tomó cartas en el asunto, e impulsó una ponencia para su estudio y resolución en el seno de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos. Al frente de esa ponencia estuvo el propio alcalde Filgueira, junto al ingeniero jefe de la delegación de Industria y el abogado del Estado, para reforzar su lado técnico.
Unas obras de ampliación que Celulosas emprendió por su cuenta y riesgo en verano de 1965 fueron la gota que colmó el vaso: no dejaron otra salida al regidor pontevedrés que decretar su inmediata paralización. El nuevo gobernador civil, Ramón Encinas Diéguez, no solo respaldó la actuación de Filgueira Valverde, sino que advirtió severamente a la empresa sobre su extralimitación inaceptable. Lo nunca visto: el Régimen contra el Régimen.
En plenas Fiestas de la Peregrina, el 11 de agosto de aquel año, el Ayuntamiento de Pontevedra celebró un pleno trascendental que hizo honor a su carácter extraordinario. Entonces se puso encima de la mesa el casus belli Celulosas, con su cara y su cruz: una historia completa de la situación derivada, en medio de una expectación inusitada.
La corporación municipal aprobó por unanimidad la clasificación de Celulosas como empresa molesta y nociva, pero no insalubre ni peligrosa, de acuerdo con unos informes técnicos bastante condescendientes. Igualmente propuso al Gobierno Civil-Comisión Provincial de Servicios Técnicos la adopción de toda una serie de medidas muy exigentes a realizar en un plazo de ocho meses (luego ampliado a doce) para corregir sus graves deficiencias.
El Ayuntamiento se reservó incluso la potestad de acometer un cierre temporal en caso de estimarlo necesario y requirió un fondo de garantía de veinticinco millones de pesetas. Entonces todo el mundo creía a pies juntillas que el problema de la contaminación de la fábrica de Lourizán se resolvía solo con dinero. Ni por asomo nadie planteó su inadecuada ubicación.
En suma, la resolución municipal tenía una letra aceptable, que no sonaba mal en su conjunto. Luego falló su interpretación porque en ningún momento se llevó hasta sus últimas consecuencias. Nadie se atrevió a tanto.
La Comisión Provincial de Servicios Técnicos, con el gobernador civil Encinas Diéguez al frente, respaldó el posicionamiento municipal, y se mostró favorable a la concesión de la licencia por parte del Ayuntamiento, si bien "constreñida exclusivamente a las instalaciones actuales (dejaba a un lado la ampliación irregular), y condicionada a la previa comprobación de la eficacia práctica de los sistemas correctores".
Así consiguió Celulosas su primera licencia municipal el 29 de septiembre de 1965 por acuerdo unánime de todos los miembros de la Comisión Permanente: José F. Filgueira Valverde, José Hermida Vidal, Augusto García Sánchez, José de la Torre López, Diego Pazó Montes, Manuel González de la Ballina, Emilio Vázquez González y Benito de la Iglesia Estévez, rubricaron aquella decisión histórica.
