A estas alturas, con los precedentes a la vista y la posición en apariencia invariable de las posiciones de las partes, son muchos los que no dan aún por cerrado el caso del Prestige. Un asunto por cierto que marcó el cambio de tendencia en una parte de la opinión gallega acerca de los gobiernos "amigos" y que frustró el intento -muy difícil en todo caso- de un compromiso histórico -parecido al de Aldo Moro en el 78- entre Beiras y Fraga.
Y es que el naufragio del petrolero fue causa de otros efectos además de los daños ecológicos, económicos y jurídicos directos. Marcó por ejemplo el principio del fin de la carrera de José Cuiña -otro de los varios delfines fallidos del entonces presidente de la Xunta- y de alguna forma el inicio del ocaso de Xosé Manuel Beiras en el BNG, también acusado por enemigos internos. El resumen de todo ello podría hacerse diciendo que el maldito barco varió antes de tiempo opciones cuando apena tomaban forma.
Ahora, la sentencia del Tribunal Supremo reabre algunas puertas cerradas en su momento tras el extraño, y para algunos increíble, fallo de la Audiencia coruñesa. No restituye lo que pudo ser en política, claro, pero sí establece la posibilidad de que el Estado español cobre indemnizaciones, aunque eso a buen seguro será motivo de otro u otros largos y complejos pleitos. Pero la hay, que antes, ni eso.
Existen a la vez otros elementos que debieran ser objeto de atención permanente para quienes, como los gallegos, están en un área marítima de especial relevancia y riesgo. Porque aparte de la reponsabilidad que se le amplía al capitán del Prestige, sigue sin aparecer lo que tan necesario es para la navegación; una policía de costas europea, que aplique por igual una norma común.
Ocurre sin embargo que también en eso la Unión no llega a serlo, y no lo es por los intereses específicos, mercantiles y políticos, de países involucrados en los negocios del mar; Gran Bretaña, sede de las principales aseguradoras, Holanda, de contratantes de fletes y Grecia que, es aún el paraíso de potentes armadores contratados a veces con extrañas cláusulas.
Dicho todo ello es imposible evitar la cita de la relativa inutilidad de España, una península cuyo litoral constituye ruta obligada de tráfico para casi todas las flotas y que ha padecido en veinte años más catástrofes que nadie, excepción hecha de las recientes tragedias de refugiados en el Mediterráneo. Y, por cierto, de las de aquí son responsables el PSOE -que usó el caso del Prestige, sin resolverlo después, como desvergonzada arma electoral- y el PP, que no supo aprendió la lección.
¿Verdad...?
