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El debate sobre la Ley de Acuicultura

La fuerza del neoliberalismo en el anteproyecto de la Ley de Acuicultura

Que la iniciativa acuicultora del Consello de la Xunta de Galicia, encabezado por el presidente Sr. Núñez Feijoo, está resquebrajando los vínculos internos, sociales y psicológicos de las comunidades costeras de Galicia y está acelerando el descrédito de los actuales gestores públicos de los asuntos marítimos, es algo que nadie discute.

Es fácil entender las consecuencias prácticas de la aplicación de la Ley de Acuicultura. Con frialdad y crudeza pretende consolidar, fomentar, expandir, implantar, ocupar espacios de la riqueza colectiva a favor de un modelo productivo de acuicultura industrial masivo y extensivo para nuestro ámbito marítimo y marítimo-terrestre e implantar las bases técnico-jurídicas que tenderán a sustituir -poco a poco- al actual sistema de explotación del que actualmente viven miles de personas. Para ello, la ley otorga a la Xunta de Galicia plenas facultades para declarar imperativamente zonas de interés preferente para la acuicultura o que la Consellería pueda reservar con exclusividad a través de un proceso de declaración de aptitud, pudiendo estar destinadas a la instalación de granjas marinas, viveros, parques de cultivo, parques de cultivo colectivos, plantas, polígonos, acuarios, gaiolas, etc., en la que se autorizarán incluso especies exóticas, nuevas o localmente ausentes.

En todo caso, lo decisivo para las cofradías de pescadores es la famosa "transformación del marisqueo a la acuicultura" o lo que es lo mismo, el decidido paso de eliminar el vigente régimen de autorización administrativa en la explotación de los recursos naturales (implantado por la antigua Ley 59/1969, de 30 de Junio, de Ordenación Marisquera) para transitar peligrosa e imperativamente al sistema de concesión administrativa que, indefectiblemente, provocará el encarecimiento económico y fiscal de la explotación y de sus beneficiarios y, a medio y largo plazo, una ineludible e inexcusable transición forzosa a la privatización en la gestión del dominio público (actualmente en manos de entidades sin ánimo de lucro) en cuya ejecución es indudable que empresas, sociedades de capital y grupos económicos consolidados guiados fundamentalmente por el lucro empresarial y la competitividad se hallarán en mejor posición financiera y ventaja técnica para concurrir y beneficiarse de la riqueza colectiva. Tras formulas jurídicas de difícil interpretación por el común de la gente, el Gobierno gallego consigue forjar legislativamente aquella vieja aspiración del exconselleiro de Pesca don Enrique López Veiga, consagrada en su libro Galicia 2010 en el que se recomendaba abiertamente y sin disimulo la privatización de las playas y los bancos pesqueros y marisqueros, supuestamente para mejorar su productividad, competitividad y eficiencia.

La partitura neoliberal es clara, para aquel que la quiera leer. De primeras, el Programa Operativo de distribución de los Fondos Europeos (Femp) 2014-2020 ya ha condicionado el texto del anteproyecto desde el momento en que, en la intimidad de los despachos, se han ultimado las líneas estratégicas de reparto de los 487 millones de euros destinados a Galicia (de los 2.200 destinados a España por la Comisión Europea y demás administraciones), claramente orientados hacia un proceso de colonización de la acuicultura industrial satisfaciendo así la demanda recurrente de sus cluster y loobys organizados y al acecho, con todo lo que ello implica de subordinación del Parlamento Gallego a los intereses privados y supraestatales.

Es una pena que la exposición de la Ley de Acuicultura se olvide de que la pesca artesanal fue objeto de especial interés por 143 estados, reunidos en Roma el 11 de junio del 2014 a través del Comité de Pesca (COFI) de la FAO, en la que se aprobó el primer instrumento internacional de amplio alcance para este sector con el objetivo de lograr la sostenibilidad de la pesca artesanal en el contexto de la seguridad alimentaria, la nutrición y la erradicación de la pobreza, y en la que se recomendaba a los gobiernos respaldar a los pescadores artesanales y trabajadores para promover y facilitar la participación e implicación en decisiones gubernamentales en la que -dice literalmente la FAO- son excluídos de la discusión sobre la aplicación de las actuales políticas neoliberales de privatización de las pesquerías nacionales, agua dulce y del litoral.

En todo caso, lo decisivo, lo que inclinará la balanza de un lado o de otro entre apostar por un modelo puramente industrial, medioambientalmente sospechoso y voraz en la percepción de suculentas ayudas europeas, en la explotación de nuestras aguas o el fortalecimiento de las actuales estructuras productivas artesanales o de acuicultura de baja intensidad no van a ser las interpretaciones o tensiones que se libren en los ámbitos políticos o jurídicos, sino que dependerá del sentir social en cuanto a que la iniciativa legislativa, de un modo u otro, pueda ser visualizado como un ataque a las señas de identidad de la marca Galicia, de un "pelotazo" en beneficio de unos pocos y del dañino alcance de esta iniciativa en contra de un sector estratégico tanto por su peso económico como por su dimensión social en nuestra sociedad, que puede ocasionar cambios físicos y biológicos en el medio marino y graves efectos sobre los recursos y la calidad de los productos, todo ello sin contar con su valoración en términos monetarios, en cuanto a la repercusión en las rentas futuras en el conjunto de los municipios costeros de Galicia, no sólo por su aportación directa al valor añadido regional sino también por los encadenamientos productivos existentes con otras ramas de la actividad económica.

*Abogado

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