El Ayuntamiento de Pontevedra aprobó el 9 de noviembre de 1925 la apertura de una nueva calle entre Michelena y Riestra, a modo de prolongación de Fernández Villaverde.
Diseñada por el arquitecto municipal, Emilio Salgado Urtiaga, la rúa tenía 20 metros de ancho y 130 metros de largo, y estaba dotada de amplias aceras y una calzada pavimentada en adoquín pequeño encintado con cemento. Tras la exposición pública, los herederos de Alejandro Mon Landa, propietarios de la mayor parte de los terrenos afectados, llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento sin ningún problema para facilitar su apertura.
El convenio pasaba por la cesión de la parte de su gran finca que cruzaba la nueva calle, a cambio de beneficiarse de los solares urbanizables. Igualmente se fijaba el pago de 43.350 pesetas a los cuatro hijos de Mon Landa en concepto de indemnización por el necesario derribo de varias casas suyas en Riestra, incluido el popular cine del Círculo Antoniano que capitaneaba el padre franciscano Luís María Fernández.
Una vez aprobado el proyecto a principios de 1926, la explanación comenzó a ejecutarse el 21 de agosto del mismo año con la tala de árboles y plantaciones. El alcalde Mariano Hinojal manifestó aquel día su deseo de agilizar la obra al máximo; muy lejos estaba de imaginar que nunca llegaría a verla terminada.
Especialmente el desalojo de los inquilinos que ocupaban las propiedades de Mon Landa se complicó bastante, porque ofrecieron una resistencia numantina. La vía judicial resultó inevitable en algún caso.
El escándalo saltó cuando se "descubrió" que el trazado de la explanación presentaba una variación sustancial sobre el proyecto original. La desembocadura prevista de la nueva calle por su margen derecha en dirección Michelena a Riestra se desviaba nada menos que 13 metros del lugar fijado. Ciertamente el cambio no era menor.
Pronto caló en la ciudad la idea de que aquella alteración solo beneficiaba a los herederos de Mon Landa, en menoscabo de los demás propietarios y del propio Ayuntamiento. Sobre todo, perjudicaba mucho a los solares de ese lado derecho, que prácticamente se convertían en no edificables por su reducido tamaño.
Las explicaciones ofrecidas posteriormente por el arquitecto municipal, Salgado Urtiaga, no convencieron a nadie. Tampoco su buena reputación como cualificado urbanista contó a su favor en este lío. Puesto en boca de toda la ciudadanía como responsable directo, don Emilio expuso en un informe fechado el 12 de mayo de 1931, tanto razones estéticas, como técnicas, e incluso económicas, para justificar el cambio introducido que, por otra parte, atribuyó a la corporación que puso en marcha el proyecto.
No obstante, la explanación de la nueva calle no estaba todavía acabada cinco años después de su inicio; consiguientemente seguía pendiente su urbanización y tampoco se había construido ningún edificio. Por esa conjunción de circunstancias favorables para enderezar el asunto en cuestión, el arquitecto municipal trasladó a la corporación su última palabra. Aún se estaba a tiempo de rectificar.
El concejal Manuel Loran Montes fue designado por la corporación municipal como juez instructor para incoar un expediente administrativo con el único objetivo de clarificar el embrollo formado. A finales del mismo año presentó sus conclusiones y sus compañeros premiaron su labor un voto de gracias por el celo demostrado.
El "informe Lorán" fue una bomba que hizo saltar por los aires el buen nombre del arquitecto municipal, cuyas justificaciones desautorizó por completo. Especial constancia puso en recalcar que ninguna corporación municipal había aprobado un cambio o una alteración del trazado de la nueva calle. Tal acuerdo no constaba por ninguna parte.
"Acaso se lo haya dicho al oído -escribió con sarcasmo sobre el supuesto mandato recibido por Emilio Salgado- algún concejal que fuese adulador de los propietarios de los terrenos, antes que celoso defensor de los intereses municipales".
Loran Montes propuso la realización in situ de un minucioso deslinde de los terrenos ocupados por la nueva vía con la presencia de los propietarios de los solares. Y también propugnó la terminación de la explanación y su posterior urbanización, en ambos casos con arreglo al proyecto original.
La corporación municipal aprobó el 13 de noviembre de 1931 todas las propuestas del "informe Loran". Pero ese acuerdo suscitó de inmediato la interposición de un recurso contencioso-administrativo en su contra por parte de los herederos de Mon Landa ante el Tribunal Provincial, que consideraron incumplido su acuerdo con el Ayuntamiento.
A partir de entonces la judicialización del asunto se convirtió en una espada de Damocles, que maniató hasta 1936 a las sucesivas corporaciones durante el período republicano.
El Tribunal Provincial aceptó el recurso de Alejandro, Clementina, Dolores y Mercedes Mon Landa en una sentencia dictada el 20 de enero de 1934 y, por tanto, falló en contra del Ayuntamiento sobre el cambio del trazado. La apelación municipal ante el Tribunal Supremo fue el paso siguiente, con las espadas en alto sobre los intereses enfrentados.
Para entonces, la calle del Chanchullo estaba en boca de todos los pontevedreses y así era denominada abiertamente en la prensa local. Tal sobrenombre hizo fortuna y prevaleció mucho tiempo en la jerga popular.
En plena Guerra Civil, una corporación presidida por Ernesto Baltar Santaló fue capaz, al fin, de lograr un consenso general en 1937, quizá alentado precisamente por aquellas condiciones excepcionales.
La solución final llegó a partir de un proyecto elaborado por el nuevo arquitecto municipal, Emilio Quiroga Losada, que buscó el difícil equilibrio de conjugar todos los intereses en liza. Una luz comenzó a brillar sobre el endemoniado caso tras una reunión celebrada en la alcaldía por todos los propietarios o sus representantes el 25 de junio de aquel año.
Ante el alborozo total que generó aquel principio de acuerdo entre todas las partes, la corporación municipal aprobó al día siguiente por "unánime entusiasmo" la dedicación de la nueva calle al "glorioso general Mola".
