El resultado de las elecciones generales del pasado 20D ha generado en muchos ciudadanos la sensación de que estamos viviendo "El día de la marmota". Andalucía, primero; las autonómicas y locales de mayo, después; las catalanas, y ahora las generales. Todos y cada uno de los procesos electorales celebrados durante el 2015 han tenido una misma lectura: fragmentación del voto e incertidumbre sobre las posibilidades de formación de gobierno, con la "amenaza" de nuevas elecciones.
Tras las pasadas elecciones municipales de 24 de mayo publicaba un artículo de opinión bajo el título Pactos electorales. Cuando tres no son multitud. En él analizaba el complejo escenario de formación de gobiernos municipales y su gestión durante el mandato que se iniciaba, sobre la base de un resultado electoral caracterizado por la fragmentación del voto y la atomización en la composición de los órganos de gobierno. Exponía en dos tiempos los principales retos derivados de la nueva composición de las Corporaciones Locales. El primero, la consecución de la mayoría suficiente para la proclamación de alcalde, y, el segundo, todavía más importante, situar a los, en ocasiones, extraños compañeros de viaje resultado de estas dinámicas bajo un único paraguas, el de la gestión de los intereses de los vecinos y la definición de unos objetivos comunes.
Tras la celebración de las elecciones generales el pasado 20D esa fragmentación se ha trasladado a la composición del Congreso de los Diputados, y a la difícil y compleja tarea inicial de conseguir la mayoría necesaria para la investidura de algún candidato a la Presidencia del Gobierno. Con una sensible diferencia. La normativa electoral prevé para el ámbito local un mecanismo para garantizar la formación de gobierno ante la ausencia de pactos que alcancen la mayoría necesaria, proclamando alcalde al cabeza de la lista más votada. No sucede así con el Gobierno estatal.
En el Gobierno del Estado es necesario, sí o sí, alcanzar la mayoría suficiente para la proclamación de un nuevo presidente y permitir así la formación de ejecutivo. En ausencia de esa mayoría solo hay un escenario posible: la celebración de nuevas elecciones. Las experiencias apuntadas ofrecen diferentes resultados. El caso andaluz, que finalmente se resolvió con éxito, el catalán, que ha apurado los tiempos para no tener que repetir el proceso, aunque parecen abocados a ello, camino que parece cobrar fuerza en el caso de las generales.
Se repitan elecciones o no, los representantes públicos de todas las fuerzas políticas, al margen de su resultado electoral, no deben olvidar que tienen un mandato representativo del que deben dar cuenta a la ciudadanía. Con independencia de los intereses de partido, debemos confiar en su responsabilidad y vocación de servicio público, que, en todo momento, tiene que orientar su actuación y gestión a la directa satisfacción del interés general.
Pero formar ejecutivo no es el objetivo absoluto. Después toca gobernar. Los pactos de investidura exigen ser conscientes de que se abre un período durante el cual será preciso alcanzar acuerdos, generar consensos y, en muchos casos, flexibilizar posturas inmovilistas, máxime sobre ejes estructurales en el desarrollo de las políticas públicas. El gobierno entre varias fuerzas de distinto signo, o con apoyos de otras fuerzas exige un mayor esfuerzo de negociación y diálogo para alcanzar los consensos necesarios y evitar que, ante las inevitables tensiones que surgirán, se produzcan situaciones de extrema ingobernabilidad.
Un nuevo mandato es una hoja en blanco por escribir, tras el 20D habrá que ver si pasamos de la primera línea.
*Secretaria de Administración Local
