¿Hasta dónde están dispuestos Angela Merkel y sus más estrechos aliados en la UE a ceder ante el primer ministro británico, David Cameron, para facilitarle ganar el referéndum sobre la salida o no de su país del club de los 28?
Consciente de lo que la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea significa para algunos, el premier conservador ha decidido apostar fuerte y la incógnita es si Londres se saldrá una vez más con la suya, consiguiendo excepciones a las leyes comunitarias que serían inaceptables en cualquier otro país de menor peso.
Por lo pronto, tanto en Berlín como en Bruselas parecen dispuestos a facilitarle al líder tory la difícil tarea de convencer a sus conciudanos de que es mejor seguir dentro.
Queda por ver qué dirán, si es que dicen algo, como esperamos, los países del Sur, pero también algunos de los del Este de Europa, que serían en principio los principales paganos.
Entre las propuestas británicas están la de reforzar los parlamentos nacionales, rebajando así el objetivo de una unión cada vez más estrecha en lo político, así como el reconocimiento de la Unión Europea como espacio donde pueden coexistir diversas monedas sin que se ven perjudicados los países que no hayan adaptado el euro.
Pero tal vez la propuesta más discutible y para muchos con seguridad indignante de Cameron sea la de permitir que su país excluya de las prestaciones sociales durante nada menos que cuatro años a los inmigrantes del propio espacio comunitario.
Es decir, circulación de capitales y por supuesto libre comercio, todo el que se quiera, pero no posibilidad de que los trabajadores de un país vayan a trabajar a otro con los mismos derechos que tienen los del de acogida.
Se trata de un claro caso de discriminación de los ciudadanos europeos que viola el derecho comunitario y que debería preocupar a países como el nuestro y otros del Sur que tienen por culpa de su gestión de la crisis tantos jóvenes trabajando fuera.
Para aceptar la propuesta británica, habría que modificar los tratados comunitarios, lo que exigiría el visto bueno de los otros gobiernos, y ello exigiría tiempo del que no dispone un Cameron que quiere garantizarse cuanto antes las concesiones de Bruselas para presentarles una oferta atractiva a sus ciudadanos.
Lo más chocante es que un dirigente socialdemócrata como el vicepresidente del partido, ex ministro de Trabajo y actual alcalde de Hamburgo, Olaf Scholz, se muestre dispuesto a transigir en ese asunto, según da a entender en declaraciones al semanario Der Spiegel.
"La libertad de movimiento de personas es una gran conquista europea, que habría que conservar, reconoce Scholz, pero no deberíamos crear falsos incentivos. Naturalmente hay en Europa importantes diferencias (entre países) de bienestar así como de estructuras sociales". "La libertad de movimientos permite a los ciudadanos de la UE buscar trabajo en cualquier lugar de la UE, pero nadie desea migraciones motivadas por la existencia (en un país determinado) de mayores prestaciones sociales", dice ese dirigente del SPD.
Preguntado cómo se puede evitar eso, Scholz explica que "vinculando más estrechamente las prestaciones a la situación laboral. Así el Tribunal Europeo ha dictado recientemente sentencias según las cuales hay que haber trabajado al menos un año en un país antes de tener derecho a ese tipo de prestaciones".
Los partidarios de una Europa aún más liberal en lo económico, entre los que están países como Holanda, Finlandia, la propia Alemania y algunos del Este, perderían con seguridad peso en la UE con el abandono británico frente a los del Sur, como Italia, Francia, Grecia, Portugal y España, y por eso parecen dispuestos a llegar a algún tipo de compromiso con Londres. ¿Qué dice de todo esto nuestro Gobierno?
