Los representantes sindicales se cierran a la transparencia y se niegan a hacer público si aceptan o no la propuesta del gobierno local de negociar un nuevo reglamento que rija el reparto del Fondo Social para los trabajadores municipales. Mantienen al tripartito bajo la amenaza de impugnar los presupuestos de 2016 aprobados en diciembre, porque insisten en que no se negoció. Extraña que esta "revuelta" de los trabajadores municipales siempre coincida con gobiernos de izquierda. Y no es un problema interno por mucho que digan los sindicatos. Se trata de dinero público y el pueblo tiene derecho a saber, como tiene derecho a pedir, a exigir a los políticos que haya concurrencia pública para cubrir las plazas, algo que no siempre hubo.
