EDITORIAL

La factura del PXOM anulado no la deben pagar los vigueses

03.01.2016 | 05:18

Pocas noticias tan frustrantes puede recibir una ciudad, y más cuando atraviesa un periodo de incipiente pujanza tras años de parálisis, como la derogación de su Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) con que Vigo ha despedido el año. La sentencia del Tribunal Supremo declarando "radicalmente nulo" el planeamiento por una tramitación ambiental "indebidamente justificada" ha sido un mazazo en los proyectos, aspiraciones e ilusiones de una ciudad que aspiraba a coger el ritmo de crucero. Porque el fallo del alto tribunal supone, de facto --otra cosa son los vericuetos, que los hay, para solventar según qué casos--, la suspensión de la mayoría de las grandes infraestructuras pendientes: ampliación de las instalaciones de Citroën, nueva fase en el Parque Tecnológico de Valladares, Ciudad de la Justicia, culminación de la estación del AVE, la terminal intermodal, Porto Cabral, así como la puesta en marcha de proyectos urbanísticos. En suma, la sentencia es una gravosísima factura que recae como una losa sobre unos ciudadanos que nada tienen que ver con ella: ni son autores ni protagonistas ni corresponsables de la situación. Son solo víctimas.

Orillando la cuestión de cómo y por qué unos jueces pueden tardar hasta siete años en resolver un asunto de tanto calado que frena en seco el desarrollo y el crecimiento de la gran ciudad del noroeste peninsular -por no incidir en lo absurdo de ver a dos altos tribunales (Superior de Xustiza y Supremo) contradiciéndose de forma absoluta sin el menor rubor-, la realidad es que el Plan Xeral de 2008 ya es historia y que ahora Vigo se rige por el planeamiento de 1993, un documento mal parido y chapucero, objeto de numerosas sentencias condenatorias, que a punto estuvo de abocar al Concello a la quiebra. Pese a que el alcalde, responsables municipales, abogados y arquitectos han defendido la seguridad jurídica que hoy existe, lo cierto es que la desazón y la alarma se han instalado en buena parte de la sociedad civil que se pregunta qué se puede hacer ahora para minimizar el impacto. Y es aquí en dónde tienen la palabra nuestros gobernantes.

No es el momento de reproches ni de señalar culpabilidades, un terreno siempre resbaladizo. Pues es tan cierto que el PXOM es un documento aprobado por el gobierno municipal de Abel Caballero como que la condena del Supremo se fundamenta en una ausencia de tramitación ambiental, competencia exclusiva de la Xunta bipartita, que en 2008 copresidían Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana, y que un año más tarde, cuando fue aprobado definitivamente el 1% restante del documento, ya tenía a Alberto Núñez Feijóo como patrón.

O sea, que in strictu sensu la Administración autonómica es la responsable de la desfeita urbanística. Porque, no se olvide, este Plan Xeral, tumbado por el Supremo, había ganado la batalla de más de cien recursos en idénticas instancias. Y permitió liberar de la pesadilla del derribo a miles de ciudadanos con sus viviendas entrampadas. El Supremo no reprueba ni una línea del contenido del documento. El quid no está en el fondo, en el modelo elegido, sino en la forma.

Los ciudadanos están asqueados con ese poco edificante partido de tenis político en el que las responsabilidades pasan de un lado a otro de la pista en función de los intereses partidarios, un aprovechamiento que, por desgracia, se exacerba en el periodo electoral. La obligación de nuestros administradores -con independencia de su color ideológico- no es apuntarse con el dedo en tono recriminatorio, sino resolver problemas. Y hacerlo con prontitud.

Y así parecía que iba a ser en este caso. Porque, tras conocerse la mala nueva, la primera reacción del Gobierno autonómico fue ofrecer su colaboración a Caballero para reducir los daños más severos. "La Xunta dará respuesta a todas las tramitaciones que se pacten y que sean prioritarias en cuanto el Concello nos las haga llegar", proclamó la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato. El alcalde agradeció esa intención y anunció que, según sus técnicos, la forma más rápida y segura de sacar adelante los proyectos urbanísticos estratégicos era declararlos de interés supramunicipal.

Según este instrumento, la Xunta asumiría la ordenación y la tramitación de suelos para obras cuya dimensión "trascienda el estricto ámbito local por su magnitud, importancia o especiales características". En esta figura encajarían, por ejemplo, la ampliación de las instalaciones para Citroën, la Ciudad de la Justicia, la estación de Mayne o la terminal intermodal.

Sin embargo, pasado ese arranque solidario, los responsables de la Xunta han dado un giro de 180 grados y ahora rechazan lo que en un primer momento parecían aceptar: la vía supramunicipal. "No es verdad que se haga todo más rápido y se tenga la misma seguridad jurídica", aseguró el vicepresidente Alfonso Rueda, para quien la única opción es la redacción y la tramitación de un nuevo Plan Xeral desde el principio, una alternativa que se podría prolongar durante tres años. Sea o no la supramunicipalidad el instrumento adecuado, lo que importa es actuar sin perder un minuto, desde el sentido común y el sentido del deber. Nos jugamos mucho.

Porque quien crea que la abrogación del PXOM solo afecta a Vigo ignora o prefiere ignorar la realidad. En tiempos de una tímida reactivación, Galicia no se puede permitir que su mayor ciudad, su motor económico y su pulmón industrial gripen. Es un precio inasumible. Así que caer en la tentación de jugar a corto por intereses partidistas con la ciudad y su área sería un error mayúsculo.

Toca, pues, a las administraciones, local y autonómica, arrumbar sus batallas políticas y sumar sus energías para afrontar un reto formidable pero inexcusable: aprobar en el menor plazo un Plan Xeral que sea útil, valioso, perdurable en el tiempo y seguro. Y esta vez de verdad. Porque la anulación del plan ni es culpa de los vigueses ni tienen por qué pagarla ellos.

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