Tal y como se ha reportado en esta sección en pasadas fechas, la tramitación en Bruselas del reglamento de acceso a la pesca de aguas profundas ha vuelto a reactivarse, incluyendo en esta fase una propuesta para la prohibición de uso de los artes de pesca de arrastre por debajo de los 800 metros de profundidad. Hace unas semanas se iniciaba su tramitación en trílogos, es decir pendiente de un acuerdo entre el Parlamento y Consejo Europeos, supervisados por la Comisión. Esta semana, entre negociaciones de TACs y cuotas en Bruselas, el proceso quedó aparcado pendiente de más estudio, pero con visos de ser rematado a lo largo del primer trimestre.
Es otro ejemplo del tipo de debate normativo que rodea a la pesca. Legislación que se inicia buscando conseguir un objetivo noble y válido, como proteger la biodiversidad de las aguas profundas, y que terminan en un debate polarizado y poco constructivo, casi siempre en torno a una solución polarizante y de dudosa utilidad científica. A menudo el origen de esa polarización es el salto desde las redes sociales de una solución simplista pero rimbombante y con el respaldo mediático de alguna ONG, a menudo también de origen y/o financiación estadounidense.
Para la pesca de aguas profundas la propuesta elegida fue la prohibición del arrastre, y como en los anteriores casos, el esfuerzo propagandístico se centró únicamente en ella, obviando el objetivo inicial y por lo tanto impidiendo un debate honesto sobre otras medidas para alcanzarlo. Quien defendiese enfoques como la congelación de la huella de arrastre o programas de observadores era tachado de querer destruir los preciados fondos marinos sin escrúpulo.
Así se explica que el Consejo y el Parlamento Europeo puedan estar considerando ahora una propuesta sin ninguna base o razonamiento científicos, como es en este caso la prohibición total del arrastre por debajo de los 800 metros, y que lo hagan con serias posibilidades de ser adoptada como medida legal. También explica que cada vez se perciba una legitimidad menor en los reglamentos europeos por parte de los administrados y, sobre todo, una confianza menguante en las instituciones europeas.
Ésta es la realidad reinante en el desarrollo de las normas que gobiernan nuestra actividad, como lo es que cada vez más Estados Miembros y europarlamentarios prestan sus oídos y votos a las propuestas conservacionistas, conformando las mayorías que aprueban las nuevas normas en Bruselas. Es a ellos a quien debemos dirigir como sector nuestros argumentos y esfuerzos si queremos influir en las decisiones y hacerlo unidos y coordinados.
Para ello es imprescindible ser muy consciente en cada momento de qué institución es la que toma decisiones y cuál es la que puede ayudarnos a influenciar a quienes la toman. Deberemos tener muy claro dónde hay que plantar las batallas, sabiendo que un grito en Santiago no resuena en Bruselas, y que un dardo a una conselleira no pica a un ministro y menos aún a un comisario.
*Pte. de la Asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Bacalao (Agarba)
