EDITORIAL

La penalización insoportable de la flota gallega

27.12.2015 | 02:14

El sector pesquero gallego ha vuelto en la última cumbre europea a contener el aliento en espera del reparto de totales de capturas admitidas (TACs) y cuotas para 2016. Como cada año Bruselas no solo asusta, sino que asesta duros recortes -endulzados con alguna que otra concesión-, a un sector que, sin titubeos, acusa a la Comisión Europea de pretender convertir el mar "en un gran acuario". La flota del litoral ha salido muy mal parada, el cerco ha salvado los muebles y solo los buques de Gran Sol se han visto favorecidos del reparto. Podría haber sido mucho peor partiendo de los drásticos recortes planteados de inicio, pero los tijeretazos son otra insoportable vuelta de tuerca a la cada vez más mermada pesca gallega.

El miércoles 1 de enero de 1986 España formalizó su adhesión a la Comisión Económica Europea (CEE). El acuerdo, en su artículo 161, establecía que "la cuota que deba asignarse a España de las especies sometidas a TAC y a cuotas se fijará por especie y por zona". Se enumeraban seis especies, entre ellas las más importantes para la flota de Gran Sol: la merluza, el rapante (o gallo) y el rape. Aquellos porcentajes de asignación fijados entonces siguen vigentes a día de hoy pese a que la CEE se extinguió en favor de la Unión Europea y a que desde esa fecha se aprobaron dos reformas pesqueras (2002 y 2013) y un reglamento comunitario (1992). Aquel sistema de reparto, conocido como el Principio de Estabilidad Relativa (PER), nunca más se ha tocado. España, con la flota de mayor capacidad de los países comunitarios y la de mayor impacto socioeconómico, sigue con el mismo 30% de cuota de merluza, un 3,6% de rape o un 0,2% de cigala al oeste de Irlanda. El pasado miércoles 16 de diciembre los Veintiocho pactaron el reparto de TACs y de cuotas por países y especies. Y de nuevo volvieron a dejar intacto el PER, con lo que el acuerdo sigue siendo igual de injusto para España que hace tres décadas.

En unos días se cumplirán 30 años de esta modalidad de asignación, todavía vigente y no porque los acuerdos comunitarios sean inamovibles. En 1973 Reino Unido, Irlanda y Dinamarca se incorporaron a la extinta Comunidad Europea (CE) y lograron dos hitos fundamentales: imponer la supresión del derecho de libertad de acceso a los caladeros de los Estados miembros durante un período de 10 años y limitar la pesca dentro de las seis y 12 millas. En 1981 los británicos y franceses, a petición de Londres, derogaron la libertad de acceso en aguas comunitarias y conservaron derechos históricos de pesca en Reino Unido e Irlanda (a petición de París). Esta fue la base del principio de estabilidad relativa de 1983, un reparto de cuotas de pesca de las distintas especies en función de las capturas de los seis últimos años. España no estaba entonces en la CE, por lo que se le concedería una especie de asignación de cortesía. Con el tiempo, las cuotas varían según el estado de los recursos, pero siempre salvaguardando los porcentajes iniciales. El resultado es que la "estabilidad" se mantiene; pero el reparto igualitario nunca se alcanza.

Por este motivo el hecho de que se haya logrado reducir el impacto de los recortes de merluza planteados por Bruselas para la flota de litoral, del 60 al 22%, no debe provocar la autocomplacencia de la Administración ni el conformismo de los representantes del sector. La misma Dinamarca que fue capaz de dar un giro a la actividad pesquera en la Comunidad Europea en 1973 es hoy el país con más derechos de pesca de toda la Unión. Ella sola acapara más del 23% de las cuotas con solo un 3,4% de la flota y un 4,1% de capacidad pesquera. Más aún, 14.060 trabajadores daneses dependen directamente de la pesca frente a los 83.300 en España. Y la flota de nuestro país, fundamentalmente gallega, tan solo suma el 7% de las cuotas con el 24,3% de la capacidad pesquera europea, la más alta de la UE.

Los ejemplos de esa asignación injusta son abrumadores. Reino Unido dispuso en 2015 de 5.553 toneladas de cuota de merluza en la costa de Irlanda (serán 6.608 para 2016, igual cantidad que en 1989) cuando la flota británica nunca faenó en esas aguas. Con la mitad de capacidad pesquera que Galicia, Reino Unido tiene el doble de posibilidades de pesca.

¿Y qué ocurre con el rape, una de las especies de mayor valor comercial? Francia podría faenar 21.560 toneladas de este pescado en aguas Irlandesas y Gran Sol, pero históricamente apenas ha aprovechado un 6,6% de las cuotas asignadas (unas 1.500 toneladas, como mucho). El resto se quedarán sin faenar mientras los buques gallegos sobreviven con apenas 1.231 toneladas, el 3,6% establecido hace treinta años. La travesía no ha salido gratis: de los 300 buques españoles -mayoritariamente gallegos- que existían en Gran Sol, según consta en el Tratado de Adhesión de España a la CEE, solo quedan 69. Así que a costa de ayudas públicas se ha desguazado un 77% de la flota, o abanderado en Francia o Irlanda, como mal menor, mientras Europa derrocha toneladas de pescado con la manida estabilidad relativa como principio fundamental.

El PER se concibió teóricamente como un reparto "en función de la situación biológica momentánea de los stocks, que debe preservar las necesidades particulares de las regiones cuyas poblaciones locales son particularmente tributarias de la pesca y de sus industrias conexas". Ninguna otra economía hay más dependiente de la pesca que Galicia para aplicarlo. Y, sin embargo, apenas se la compensa. Más bien todo lo contrario. Aunque se han salvado los muebles en algunas pesquerías, los recortes se siguen produciendo pese a que no exista estudio científico alguno sobre el estado real de más de la mitad de las especies que faena Galicia. En definitiva, no se pueden concebir los TAC y el principio de estabilidad relativa más que como un injusto sistema de reparto político que ya va siendo hora de modificar. Para evitar que la insoportable penalización que cada año mina a la flota gallega acabe por hundirla del todo.

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