El pasado jueves 17 de diciembre se hizo público el fallo del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en el procedimiento iniciado por Pymar solicitando la anulación de la Decisión de la Comisión de 17 de julio de 2013 en la que se declaró el denominado antiguo sistema de tax lease como ayuda de Estado y se ordenó la recuperación parcial de las ayudas. Mediante su sentencia, el TGUE ha anulado la Decisión y con ello la orden de recuperación que pesaba sobre los inversores de las estructuras celebradas bajo el antiguo sistema.
En el año 2011 el sector español de la construcción naval se encontraba en pleno auge. El buen momento de este sector se vio truncado por la apertura de un procedimiento de investigación por la Comisión Europea sobre el denominado antiguo sistema de tax lease. En este procedimiento, iniciado como consecuencia de las reiteradas denuncias presentadas por los astilleros holandeses, se cuestionaba si los beneficios fiscales obtenidos a través de dicho sistema constituía una forma de ayuda de Estado ilegal por ser incompatible con el mercado interior de la Unión Europea. Este procedimiento, que duró más de dos años, puso en peligro la continuidad del sector, al sembrar dudas entre los armadores sobre la legalidad del marco jurídico español.
Durante todo el procedimiento de investigación, Pymar -junto con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como la Xunta de Galicia, el Principado de Asturias, el Gobierno Vasco y los grupos parlamentarios europeos- centró sus esfuerzos en dos objetivos; por una parte, defender la legalidad del antiguo sistema de tax lease y, por otra, conseguir la aprobación de un nuevo sistema que contara con la aprobación de la Comisión Europea.
En noviembre de 2012 llegó la Decisión de la Comisión que aprobó el nuevo sistema de tax lease. Esta Decisión permitió que el sector naval español sea el único de los países europeos que cuenta con un esquema fiscal validado por las autoridades de la Unión Europea, ofreciendo así el máximo nivel de seguridad jurídica posible. Este nuevo sistema permitió reactivar el sector naval. Hasta la fecha se han celebrado 26 operaciones con este nuevo sistema con armadores de diferentes nacionalidades.
Por otra parte, la Decisión que concluyó el procedimiento de investigación calificó el antiguo sistema de tax lease como ayuda de Estado ilegal en beneficio de los inversores -excluyendo a astilleros y armadores- y ordenó la recuperación de las ayudas concedidas a partir del 30 de abril de 2007. Esta sentencia perjudicó al sector naval al generar desconfianza entre los potenciales inversores de las estructuras del nuevo tax lease, a pesar de ser este un sistema totalmente independiente del anterior y convalidad por la Comisión.
La sentencia del TGUE del pasado 17 de diciembre, anulando la Decisión sobre el antiguo tax lease, es fruto del trabajo constante de Pymar en defensa de los intereses del sector de la construcción naval. Esta sentencia supone la convalidación de las estructuras celebradas bajo el antiguo sistema de tax lease y la anulación de la orden de recuperación. La Decisión sobre el antiguo tax lease fue recurrida por el Gobierno de España, Pymar y numerosos inversores, habiendo resuelto el Tribunal los recursos del Gobierno de España y Pymar.
El fallo del TGUE supone un grave revés para la Comisión Europea al dar la razón al sector de la construcción naval, que en todo momento defendió la legalidad del sistema, y establecer un criterio restrictivo a la hora de calificar medidas fiscales como ayuda de Estado. Si bien esto es una buena noticia para el sector, no resarce los graves perjuicios sufridos por los astilleros durante los años que ha durado este procedimiento, en los que vieron menguar su cartera de pedidos ante la incertidumbre que producía el procedimiento de investigación y la orden de recuperación. Los grandes beneficiados por esta situación fueron los astilleros holandeses, promotores del procedimiento de investigación contra el tax lease, que recibieron muchos de los encargos perdidos por el sector español.
Esta sentencia confirma la legalidad del marco jurídico sobre el que operaba el sector y refuerza el actual sistema de tax lease, que ya contaba con la decisión de la Comisión Europea de 20 de noviembre de 2012. Esta sólida base legal y la gran capacidad tecnológica con la que cuentan los astilleros españoles auguran una nueva etapa de sólido crecimiento del sector.
*Consejera delegada de Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar)
