Resulta difícil imaginar otro momento como el que se ha vivido en el último semestre de este año para quienes operamos en el mundo del Derecho. La publicación de normas ha sido torrencial, gráficamente se ha dicho que nos encontramos ante un tsunami legislativo, con reformas que tienen una repercusión notable en el modo y manera en que muchos profesionales han venido desarrollando su labor.

Estos cambios serán apreciados también por los ciudadanos cuando, por ejemplo, comprueben que ya no pueden ser casados por un juez, a menos que sea de paz, o que para pedir una declaración de herederos haya que acudir siempre y en todo caso a un notario. Una de las reformas de mayor calado es la de la consolidación de la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la administración de justicia. Han sido muchas las circunstancias que han retrasado esa situación. Además de las tradicionales reticencias de todos los operadores a cualquier cambio, y este es ciertamente sustancial, la mal entendida configuración territorial de la administración y su secular posición en el orden de prioridades del poder, claramente retrasada, han impedido esta modernización.

De golpe, las comunicaciones entre la administración y quienes de modo profesional se relacionan con ella tendrán que tener lugar por medios electrónicos. Tan precipitada es esta nueva situación que el decreto regulador del sistema de comunicaciones electrónicas se ha publicado el 1 de diciembre pasado y el nuevo sistema será obligatorio el 1 de enero siguiente. No cabe duda de que esta nueva forma de actuar debe redundar en beneficios para todos aunque, lo mismo que sucede con un equipo informático, la velocidad de la Justicia la marcará siempre el más lento de sus componentes. Y como siempre, el papel lo aguanta todo.

A medio plazo, las ventajas de la digitalización son evidentes. Lo que preocupa en este momento es determinar cuándo esas ventajas van a ser apreciadas y a cuál va a ser el coste de llegar a ese momento. No es aventurado pensar que van a llegar momentos difíciles hasta que no se acomoden de manera satisfactoria los nuevos sistemas a la realidad de la justicia y sus usuarios. En todo caso es de valorar positivamente que se haya fijado una fecha fija a partir de la cual se abra paso la modernización, con superación de los meros deseos plasmados en leyes que no dejaban de ser, lamentablemente, papel mojado.

* Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Expresidente de la Audiencia Provincial de Ourense.