Si saliéramos a la calle y preguntásemos a cualquier ciudadano para qué sirve la transparencia, obtendríamos muy distintas respuestas. Entre ellas, la más desalentadora, "para nada".
Estos días, tras la entrada en vigor de la ley el 10 de diciembre, el tema ha cobrado mayor actualidad y protagonismo, pero existen todavía muchas dudas y escepticismo sobre su utilidad práctica y desconfianza sobre los beneficios que se derivan ante el continuo anuncio de medidas de "regeneración democrática". Para explicar su utilidad, el mejor argumento es la propia Ley de Transparencia, estructurada en torno a tres ejes, que se convierten en tres razones de utilidad para los ciudadanos.
En primer lugar, para conocer información: publicidad activa. En los Portales de Transparencia debe estar expuesta un gran volumen de información a libre disposición de los ciudadanos. Información organizativa sobre los miembros de la corporación, retribuciones, declaraciones de intereses y actividades, compatibilidades, pero mucha más. Información jurídica, económica y de gestión financiera, contratos, subvenciones, un amplio catálogo. Pero aun partiendo de la base de que la información esté disponible, hay que hacer frente a un problema de orden práctico. La brecha digital. La publicidad activa sólo se ejerce on line, si el ciudadano no dispone de acceso a internet no podrá ejercer este derecho.
En segundo lugar, para preguntar: publicidad pasiva. Con esta denominación se hace referencia al reconocimiento del libre derecho de acceso a la información. A toda la información. Constituye, sin duda, el mayor avance de la normativa. Si la información no está en el Portal de Transparencia, el ciudadano, cualquier ciudadano, puede solicitar su acceso. Ya no es necesario tener interés en el expediente, tampoco justificar, explicar ni motivar por qué y para qué la quiere. Libre acceso a la información. Aunque libre con matices, dada la existencia de numerosos y amplios límites en su ejercicio, habrá que estar vigilantes para que por esta vía no se vacíe de contenido el derecho.
En tercer lugar, para sancionar a los malos gobernantes: buen gobierno. Una noción más etérea, pero que la ley concreta a través de un régimen sancionador, a diferencia de los otros dos puntos. La ley aspira en este aspecto a mejorar los estándares de conducta y actuación de los responsables políticos, de tal modo que su infracción conllevará la aplicación de la correspondiente sanción, que puede ir desde una simple amonestación hasta a la destitución, aunque en este caso no afectaría a cargos electos.
La gran pregunta, por tanto, es ¿cuál es el precio de incumplir la Ley de Transparencia? De nada sirve una ley que impone obligaciones a las administraciones y reconoce derechos a los ciudadanos si no se dota de medios para exigirlos. Qué recursos tienen los ciudadanos. Pues la respuesta es que pocos. El proyecto de ley autonómico en materia de transparencia atribuye a la Valedora do Pobo la competencia para resolver las reclamaciones en materia de acceso a la información, pero todavía se trata de un camino sin transitar en el que habrá que ver qué desarrollo tiene. Probablemente será más eficaz recurrir a la cobertura mediática del incumplimiento.
Aunque la transparencia no es patrimonio exclusivo de los ayuntamientos, pues afecta a todas las administraciones públicas, Xunta de Galicia, diputaciones, Administración del Estado, lo cierto es que los ayuntamientos son la pieza más débil en el tablero de la transparencia. La mayoría de los ayuntamientos gallegos no están en condiciones, en este momento, de cumplir íntegramente la ley. Esta afirmación no es una hipótesis, sino una realidad. El reciente estudio de Red Localis (disponible en www.redlocalis.com) ha puesto de manifiesto que, con carácter general, las entidades locales gallegas tienen dificultades para responder a los retos derivados de la transparencia.
Pero no nos quedemos en una visión negativa. El documento recoge un decálogo de propuestas que permitirán mejorar en la senda de la transparencia y ofrecer a los ciudadanos verdaderas herramientas de control social. Promover redes interadministrativas, implantar la administración electrónica, simplificar procedimientos, reforzar los órganos de control, crear marcos de integridad, extremar la transparencia en materia de contratación, y, sobre todo huir de la mera apariencia, la transparencia cosmética, entre otras.
Frente a ello, los ciudadanos deben ser exigentes y ejercer una labor de fiscalización de la gestión pública, hacer realidad la rendición de cuentas. La sociedad civil, debidamente articulada, está llamada a convertirse en un agente del cambio en esta transformación que va más allá de una simple ley, se trata de una auténtica transformación cultural.
Aún queda mucho por hacer. Decía L. Brandeis que "la luz del sol es el mejor desinfectante". Abramos pues puertas y ventanas de los ayuntamientos gallegos, y también de las demás administraciones, para que entre la luz del sol.
