128 millones de euros. Esta es la cantidad que nos han costado (a todos) las pasadas elecciones del 24 de mayo , según los datos oficiales proporcionados por el Ministerio del Interior. En un año en el que se hemos vivido tantos procesos electorales, autonómicas y municipales y aún nos queda uno, las generales, recién inaugurada la campaña electoral, la pregunta es obligada ¿En qué se gasta el dinero?
Entre otros gastos, un ejemplo muy familiar para todos: en papeletas electorales. Si usted es ciudadano, por ejemplo, del Ayuntamiento de Vigo habrá podido contemplar por sí mismo la dimensión de este aspecto el pasado 24 de mayo. Con 17 candidaturas presentadas a las elecciones municipales el gasto en papeletas se multiplica y su utilidad práctica es perfectamente sustituible por el formato electrónico, con el consiguiente ahorro.
No se trata de un problema de pluralidad política, sino de eficiencia en el gasto público. La mayor asignación de los 128 millones, 54,61 millones de euros, es para las administraciones públicas. Sólo el gasto de correos se lleva 45,67 millones de euros. La suma se completa con 15,97 millones de euros dedicados a la difusión del escrutinio provisional y telecomunicaciones, y algo más de 10 millones de euros, a logística electoral.
En una administración en la que en un futuro, no muy lejano, todos los procesos habrán de ser electrónicos, así lo imponen las últimas reformas administrativas, debemos plantearnos ¿por qué no un proceso electoral electrónico?
Las elecciones no son en exclusiva el acto personalísimo del sufragio el día de la votación, se trata de un proceso que comienza con la convocatoria de las elecciones y que finaliza tras la resolución de los recursos interpuestos contra la proclamación de electos, es decir, todo el proceso de comicios íntegramente electrónicos.
No estamos hablando de nada tan nuevo. Ya en marzo de 2003 la localidad abulense de El Hoyo de Pinares acogía una experiencia pionera: una prueba piloto de votación popular a través de Internet. En España ha habido otras experiencias en relación con procesos participativos, como la del Ayuntamiento de Premiá de Mar en el año 2014, permitiendo, con éxito, la dualidad en el voto electrónico y presencial en la celebración de una consulta popular.
Las objeciones, desde los sectores más resistentes, no son pocas. El carácter secreto del voto, la posibilidad de hackeo y manipulación de los resultados electorales, o incumplimiento de la protección de datos son las más comunes. Sin embargo, todos estos obstáculos han sido superados por los sistemas ya probados y experimentados existentes en el panorama internacional, Brasil, EE UU y otros países han incorporado ya estas posibilidades, sin que la democracia haya sufrido ningún perjuicio.
No obstante, esta reflexión no se circunscribe al voto electrónico, sino a todo el procedimiento electoral, del que como mínimo y a modo de primer paso para avanzar en este camino hay un supuesto que debería admitirse ya. El voto por correo, para sustituir un anacrónico sistema que opera con auténtico efecto desincentivador del ejercicio del voto.
No somos pocos los que proponemos la adecuación de la normativa electoral para hacer realidad un proyecto de Comicios electrónicos, con todas las garantías jurídicas y técnicas. Anonimato, fiabilidad, un sistema de verificación adecuado, son sólo requisitos tecnológicos que requieren de la disponibilidad, que ya existe, de soluciones adecuadas para el ejercicio de un derecho tan fundamental. El ahorro estará asegurado y por ello debe abrirse, al menos, el debate con seriedad y rigor. Si la administración electrónica es el futuro para todo lo demás también debe serlo para el proceso electoral.
* Secretaria de Administración Local, categoría superior
