De modo que, aceptado cuanto pueda haber de cierto en eso de que la ocasión la pintan calva, es posible que la crisis urbanística de Vigo lo sea -ocasión- para que por ejemplo la Xunta demuestre por fin su reiterado mensaje de que sus afanes se reparten de forma equitativa por todo el territorio gallego. Lo que quizá sea cierto en el sentido anímico, pero que en el material dista bastante de apreciarse, dicho desde la mera observación.
Y es que se dice lo que precede porque la anulación del PXOM no es solo un problema muy serio para la ciudad más importante de Galicia sino por su peso y su condición, para el país en su conjunto. Y en ese sentido una reacción ágil para colaborar desde la competencia autonómica en la demanda de auxilio que acaba de formular el alcalde, sería una gran ocasión de ratificar con hechos todas las buenas palabras.
(Se habla de "auxilio" -cuya negativa sería, de seguro, mal interpretada- porque eso es lo que se deduce de la primera reacción de Abel Caballero al citar a la Xunta actual como clave para que los proyectos estratégicos de Vigo no se pierdan. Una petición razonable que merece respuesta positiva pensando en lo que con frecuencia se olvida aquí: el interés general, que antes, en los tiempos en que aún importaba la filosofía, era "bien común".)
La cuestión es que el Gobierno local vigués ni puede ni debe plantear su actitud como si el gallego fuese el responsable de lo que ha ocurrido. Primero porque no es así -fue la Xunta bipartita, con Caride, hoy concejala de Urbanismo, como conselleira responsable de ese área- y, segundo, porque por eso habría de poner de su parte mucho más que una solicitud de socorro.
En este punto procede un matiz: no se trata de plantear un trueque para resolver el problema. O, dicho de modo distinto, el asunto no es encajar en el proverbio latino del do ut des un gesto municipal que provoque o compense otro autonómico o viceversa. Pero el alcalde y su equipo no pueden actuar como si el problema fuese solo judicial: también es político, y además lo ha provocado una Xunta que era "de los suyos", al menos en lo que se refiere al desastre urbanístico que ahora se genera.
Dicho de otro modo, que un cese -o dimisión: sería lo mejor, aunque improbable- de la ex conselleira concejala de Urbanismo, cuya credibilidad queda tocada tras la sentencia, no debe entenderse como precio del auxilio que se demanda. Y menos la renuncia del alcalde -exigida por la portavoz del PP-, que poco tiene que ver con el embrollo; pero que desde la política en su sentido concreto algo hay que hacer, es obvio.
¿No?
