Así que, conocido -pero no digerido todavía- el fallo del Tribunal Supremo que anula -"radicalmente", dice- el PXOM de Vigo, parece momento propicio para alguna reflexión sobre los efectos directos y colaterales que determinadas decisiones políticas provocan. Y, desde luego, acerca de a quiénes habría que exigirle daños y perjuicios; porque si hay algo de cierto en la frase, casi nunca tan pocos causaron tanto daño a tantos como en esta cuestión.
No se trata, conste, de analizar en caliente -algo que los sabios desaconsejan para casi todo, incluyendo la función de legislar-, pero tampoco de esperar a que el tiempo enfríe demasiado el asunto. Porque una cosa es segura: con la sentencia sobre la mesa, el correr de los días empeora los resultados si se tiene en cuenta que la carencia de normativa urbanística adecuada causa inseguridad, parálisis en sectores estratégicos y, en definitiva, un empobrecimiento colectivo.
Y es esa idea precisamente -la de que unos pocos perjudican mucho a la gran mayoría- sobre la que hay que ahondar. Porque en un país de corta cultura democrática parece consolidado el principio de que tras un serio error político lo peor que le puede pasar -y no necesariamente sucede siempre- a quien lo comete es que pierda las elecciones siguientes. Y, como dicen los responsos, aquí paz y después gloria.
No se pretende, por descontado, reclamar el retorno a los tiempos en que un fallo grave le costaba la cabeza a su autor. Ni tampoco de confundir el error con un delito, pero sí de buscar algún modo, si lo hubiere, de resarcir a quienes pagan las consecuencias sin haber tomado parte en sus causas. Una tarea que está lejos de resultar sencilla, pero que debiera abrir un debate, ahora que es tiempo tan oportuno.
Habría muchos, y muy distintos, ejemplos que traer a colación para argumentar la opinión expuesta. Este del PXOM de Vigo es el más reciente, pero no está en el olvido otro en el que, como el de la fusión de las dos cajas de ahorro gallegas, provocó males de enorme cuantía económica y social sin que sus inductores y causantes hayan siquiera admitido que lo fueron.
No debiera ser así. Lo que se ha definido, en lenguaje coloquial, "estacazo" judicial a una decisión de la Xunta bipartita -con una responsable de Urbanismo que hoy es concejal- debiera causar efectos directos e indirectos. Materiales los habrá -y muy negativos si no se repara pronto- para el futuro de la mayor conurbación de Galicia, y debería tenerlos también para la responsabilidad política. Por eso si alguna vez tuvo sentido conjugar el verbo "cesar" -si antes no hay dimisión- es esta, aunque no haya costumbre.
¿No...?
