Así que, oídos los argumentos que los diferentes grupos vienen de manejar en el Parlamento sobre el proyecto de nueva Lei do Solo, una de dos: o los portavoces son más cínicos que Séneca o tan mentirosos como Picio. Sobre todo cuando hablan de la "necesidad" de la norma -que llevan dos años manoseando- y de la "urgencia" de incrementar la seguridad jurídica que se derivaría de su pronta entrada en vigor.
Lo del cinismo viene a cuento porque quienes hablan de prisas y utilidades son los mismos que desde que Galicia se maneja en democracia, han defendido -o se han opuesto- más de una docena de proyectos, sin lograr al menos un acuerdo estable de mínimos. Y lo de la mentira deviene de proclamar preocupación por el bienestar urbanístico del paisaje y la seguridad jurídica del paisanaje: de existir ambas de verdad, la situación sería diferente.
Este perverso status quo no es responsabilidad de un gobierno en concreto ni en exclusiva: todos los que aquí han sido cometieron parecidos pecados, predicaron la necesidad de consenso y luego se fueron y no hubo nada. Y el resultado es que, ahora y aquí, casi nadie cree en las leyes do Solo ni en la existencia de una auténtica seguridad jurídica a causa de que las normas se cambian cada dos por tres y se interpretan a la buena de Dios.
En ese cuadro general que se describe -y que, por supuesto, es opinable- tienen autoría no sólo los grupos actuales y pasados de la Cámara y por supuesto las varias Xuntas que se han sucedido. Hay bastantes más actores dedicados a emborronar perfiles para buscar ventaja en la incertidumbre y en la confusión. Y el objetivo común sería obtener del lío ventajas políticas y materiales. Por eso no hay pactos que valgan.
Y, ya puestos a concretar, entre los ventajistas están muchos concellos -y alguna diputación- que, aún quejándose de que la indefinición en teoría les perjudica, en la práctica la acentúan porque con ella disponen de márgenes mucho más anchos para interpretar, aplicar sus propias conclusiones y sacar tajada. En definitiva, hacer de su capa un sayo con la vista puesta en el potencial beneficio contable existente en caja.
Hay más culpables, por supuesto, con el denominador común de la falta de coherencia entre los dichos y los hechos. Y ese cuadro causa -entre otros daños colaterales- una inseguridad jurídica en lo que a Solo se refiere que espanta de este país posibles inversiones urbanísticas. Parecía que, esta vez sí, la Xunta echaría el resto para acabar por fin con tal estado de cosas, pero cá: ni ella puso toda la carne en el asador ni su oposición mostró algo más que un cerrilismo galopante.
¿Eh...?
