El edificio de O Castro lleva años languideciendo en pleno casco histórico sin que sector privado ni público hayan conseguido poner fin a su grave deterioro, y en consecuencia, a la deplorable imagen que ofrece la céntrica plaza, remozada, sí, pero presidida por unas ruinas, otrora una modélica escuela.
La anterior empresa propietaria de la edificación acumuló infinidad de impagos de multas e impuestos que se traducen en una deuda superior a los 70.000 euros con las arcas municipales. El actual alcalde se muestra firme con el nuevo dueño -una firma vidriera- y dice que no le perdonará ni un euro. Estas contundentes palabras deben ir acompañadas de hechos de igual contundencia, pues al ciudadano de a pie, independientemente de su situación económica, se le exige que pague sus impuestos, y en caso de no hacerlo, Ravella activa la vía ejecutiva, aplicando recargos sobre los recibos hasta que se abonan, incluso recurriendo a embargos bancarios. Existen fórmulas para acabar con los edificios en ruinas. La ordenanza para expropiar edificios abandonados sigue durmiendo el sueño de los justos desde 2010. Mientras, los contribuyentes seguimos asumiendo "nuestras obligaciones".
