Pues no le falta razón, la verdad, a la parte de la izquierda parlamentaria que le negó su respaldo a la Ley de Transparencia que proponen el PP y la Xunta y que no rechazan en el PSOE, aunque circulando por los cerros de Úbeda. BNG, AGE y la extraña pareja del Grupo Mixto hablan de "cosmética" y tampoco parecen equivocarse; lo malo es que tampoco ellos están limpios de maquillaje para tapar sus vergüenzas, y eso siempre resta argumentario
(Caso especial en este sentido es el del Bloque Nacionalista Galego, cuyos Savonarola se hartan de advertir con el fuego eterno a los impíos y corruptos de toda laya pero que en Lugo acaban de hacer alarde de cinismo, desfachatez e hipocresía a la hora de separar el grano de la paja y de seleccionar a los que en su criterio, y a su conveniencia y no la del bien común, deben ocupar cargos de mérito en los diferentes equipos de gobierno.)
Y no se trata, conste, de opinar en contra de legislar para que se reduzcan los márgenes de corrupción que todavía permanecen. Pero es necesario exigir que los proyectos incluyan medidas más eficaces y controles más estrechos y no se conviertan solo en una especie de muestrario de las buenas intenciones de gentes que, sobre todo en víspera electoral, necesitan demostrar todavía que hablan en serio y/o hacer olvidar determinados deslices.
En todo caso, lo que más llama la atención en esta historia -y conviene insistir- es el hecho de quienes proponen leyes y más leyes -y las aprueban-, después reculan a la hora de aplicarlas. O, y eso es aún más grave, lo hacen de forma desigual, selectiva, siguiendo criterios que ni siquiera tienen que ver con la cosmética. Expresado de otro modo, rechina la evidencia de que aquí la que más se aplica es la ley del embudo.
Cuanto se expone es opinable, por supuesto, pero hay hechos que permiten argumentarlo con solidez. Aunque con diferentes matices, grados y alcance, es demostrable que los partidos, sin que en Galicia sean excepción, han actuado ante casos de imputación de forma distinta y discrecional en función de las personas y/o cargos afectados y su cercanía al mando político correspondiente. Y se podría desplegar un extenso catálogo de casos.
Citado el BNG, debe añadirse referencia al PSOE por cantidad y cualidad de imputados y el distinto trato que les aplica. Y en cuanto al PPdeG, el último ejemplo es muy reciente: a la ya ex/delegada de la Xunta en Vigo la imputación le costó el cargo. Feijóo lo hizo bien, quizá para corregir otros casos en los que aplicó más el beneficio de la duda que la presunción de inocencia. En todo caso, si no son todos iguales, lo parecen.
¿No...?
