Los forjadores de la República catalana se proponen cobrar impuestos mediante una Hacienda propia, en competencia con la Agencia Tributaria que sigue en el ejercicio de sus dolorosas funciones. Dos distintos Estados -uno existente y el otro en proyecto- se disputarían así el derecho a meterle la mano en el bolsillo a la ciudadanía, con el riesgo evidente de que ambos lo hiciesen a la vez, en caso de duda.
El dilema se le plantea al contribuyente, como de costumbre. Aquellos que, atendiendo a las proclamas del Parlamento de Cataluña, desobedezcan o ignoren los requerimientos de la Hacienda española, se arriesgan a ver embargadas sus cuentas corrientes y/o propiedades.
Los que prefieran seguir ingresando sus contribuciones en la hucha del Estado central corren a su vez el peligro de ser tachados de malos patriotas por el régimen emergente. Y el de ser perseguidos con especial saña por el futuro fisco catalán en el caso -improbable, cierto es- de que la quimera de la independencia deje de serlo.
Sucesos tan extraordinarios como estos ocurren cuando un Estado quiere ocupar el sitio de otro por las bravas. Decía muy sabiamente Antonio Machín que es imposible querer a dos mujeres a la vez sin estar loco; y esta máxima puede aplicarse con igual exactitud al caso de las naciones. Aunque parte de una de ellas sufra mal de desamores por la otra, la experiencia enseña que no caben dos Estados en un mismo territorio.
El problema, singular y españolísimo, es que el Parlamento catalán ha decidido dejar de ser autonómico para convertirse en fuente de legislación soberana. Nacería de esta manera un nuevo Estado con el inconveniente, quizá no menor, de que el antiguo sigue en activo y no da señal alguna de admitir que lo suplanten en sus funciones.
Contra lo que sugiere habitualmente la aritmética, dos no es en este caso más, ni mejor, que uno. Quizá lo fuese en los tiempos de bonanza del ladrillo, cuando a los españoles se les conocía en Nueva York por el apodo de "give me two" (o "deme dos"), dada su derrochona costumbre de comprarlo todo a pares, como si fuesen calcetines.
Ese principio comercial del dos por uno no funciona gran cosa cuando se aplica a los Estados. Si ya una sola Hacienda resulta temible para el contribuyente, es de imaginar lo que ocurriría en Cataluña dado el caso de que dos distintas administraciones se disputasen ante los tribunales la recaudación de tributos. Entre recurso al Constitucional y apelaciones a las nuevas leyes de patente autóctona, los ciudadanos víctimas del fisco vivirían en un sinvivir, temerosos de que al final las dos haciendas los ordeñasen por riguroso turno.
A todo ello habría que agregar todavía el delicado asunto de las pensiones. Si a cobrar se apuntan los dos Estados, como es lógico, lo de pagar ya resulta menos atractivo para cualquier entidad soberana. La contienda entre las partes atendería más bien en este caso a dilucidar cuál de ellas se hace cargo de la factura de los jubilados, que cada una tratará de pasarle a la otra. El riesgo, al igual que sucede con los contribuyentes, lo correrán los pensionistas atrapados en el medio de esta soberana disputa.
Tontería, y realmente soberana, parece en todo caso la idea de multiplicar el número de Estados, como si uno no bastase para hacernos la puñeta. Inasequibles a la modernidad, aquí aún andamos con la antigualla del dos mejor que uno.
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