Al paso que vamos, Galicia será la comunidad autónoma más afectada de cuantas configuran el mapa político y económico-social de España. Con ella, Canarias, Andalucía, Asturias, Cantabria y el País Vasco, además de una pequeña parte del Mediterráneo. Y es aquí, precisamente, en el Mediterráneo y, en concreto en Santa Pola, donde se ha dado la voz de alarma en relación a lo que puede ocurrir en un futuro no lejano si no se intenta solucionar el problema global que cada día hunde más a las distintas flotas pesqueras.
"Si no hay barcos, no habrá cofradías ni federaciones de cofradías", apunta una marinera al hacer referencia al silencio ominoso de los pósitos españoles ante la protesta de los cerqueros gallegos. Pero hay más: la desaparición por inanición (falta de medios que la sostengan) de la flota de bajura, significará, además, la pérdida de más de diez mil empleos directos e indirectos en una Galicia que no tiene capacidad para absorber esa masa social que precisa comer todos los días. Y con ella, sus familias.
Todo esto en el área costera que cobija a numerosos pueblos y villas que dependen casi exclusivamente de lo que la flota que faena próxima a la costa traiga a puerto cada día.
¿Significará la desaparición de esos pueblos y villas a medio plazo de tiempo?
El arriba firmante no lo duda. A la vista está lo acontecido hace unos años, cuando la gente de mar más joven y preparada optó por dejar las redes y las líneas para enrolarse en el ladrillo y la hostelería lejos de casa. Hoy han vuelto a esta y las calles son otras. Porque -y lo saben los que aquí quedaron- si bien algunos puestos de trabajo fueron ocupados por marineros migrantes procedentes de Hispanoamérica, África y Portugal, la vida no era la misma porque aquel que migra mide mucho lo que gasta y el marinero local no racanea a la hora de gastar.
Pregunten al comercio, a la hostelería local.
Y todo porque unos derechos que se dicen históricos están perjudicando la historia de uno de los sectores más importantes del rincón noroeste de la península Ibérica, y las distintas administraciones no dan marcha atrás en lo firmado hace un par de años y a pesar de que saben del perjuicio que están ocasionando a la comunidad autónoma que más depende del mar en España y buena parte de Europa.
Saben que no se reparte justamente. Lo sabían cuando se firmó el acuerdo y, probablemente, pese a ser desconocido para quienes, representando a las cofradías, signaron en la creencia de que se daba un gran paso para el sector pesquero.
A la vuelta de la esquina, como asegura un armador gallego participante en la protesta de San Caetano, él y sus compañeros se verán en la obligación de presentar planes de viabilidad de sus respectivas empresas pesqueras. Aquel que presente pocos beneficios económicos, será declarado no rentable. La Consellería do Mar le retirará su permiso de explotación (Permex) y su licencia de pesca será adjudicada al mejor postor.
¿Duro? Sí; pero no irreal, a pesar de los muchos garbanzos que todavía permanecen en la olla de la negociación (si esta se produce).
