EDITORIAL

Los jueces exigen desde Galicia más medios y menos injerencia política

01.11.2015 | 02:34

Cuarenta jueces decanos procedentes de toda España, de muy diverso pelaje ideológico y representantes de 2.000 compañeros de profesión han confeccionado esta semana en Vigo, reunidos durante la celebración de las XXV Jornadas Nacionales, la hoja de ruta para afrontar los muchos e importantes problemas que han constatado en el sistema judicial español. Que la hayan formulado en vísperas de una campaña electoral y, por tanto, de una nueva legislatura le confiere a este SOS judicial emitido desde Galicia un valor añadido. Es un aviso a navegantes que no puede caer en saco roto. El próximo gobierno, más allá de su color político, ya tiene encima de la mesa deberes.

Una de las advertencias es rotunda al dictaminar que "el sistema judicial carece de rumbo, de modelo y no sabemos a dónde vamos". Su formulación en público y delante del ministro del ramo, Rafael Catalá, también revela el grado de preocupación y hartazgo de un colectivo profesional que ve cómo cada año su labor, y la prestación del servicio en general, se deteriora aún más y, en consecuencia, los intereses de los ciudadanos, aquellos a los que en verdad sirven, se torna más deficiente. De ahí su estruendoso basta ya al clima de frustración, impotencia y rabia.

Modernización, independencia y reforma son conceptos que desde el advenimiento de la democracia emplean, casi manosean, los diferentes gobernantes para explicar los retos del sistema judicial. Tras cuatro décadas estas asignaturas pendientes son ya un mantra que suena más a desiderátum que a una cima posible de hollar.

Después de tres días de intenso y fructífero debate, los jueces reunidos en Galicia han sintetizado en 16 puntos los mandamientos que se deberían observar en pos de una justicia más independiente, avanzada, útil. De una justicia en verdad justa.

El primer precepto resultaría chusco, por su obviedad, si no fuese una realidad que se palpa a diario: alejar a la justicia de la política, aislarla del debate público, evitar su contaminación por intereses partidistas. Una decisión que debería necesariamente traducirse en la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por jueces, "de forma directa y siempre con criterios de transparencia y objetividad".

La colusión entre justicia y política que vemos en la escena pública española es el epítome de la escasa higiene democrática. Con penosa frecuencia los representantes del CGPJ son tratados más como burdas correas de transmisión de partidos que como magistrados independientes y prestigiosos. Este fenómeno debe acabar.

Los jueces también urgen dotar de los recursos humanos y materiales precisos de una justicia moderna, ágil y eficaz. En caso contrario, los ciudadanos continuarán sufriendo el colapso judicial. Porque pese al esfuerzo individual, al voluntarismo de los profesionales, el sistema con los mismos medios no da más de sí.

En Galicia, por ejemplo, el pasado año los magistrados resolvieron 475.000 asuntos, pero dejaron en sus cajones 152.000, pese a la criba que significó la aplicación de unas tasas judiciales que penalizaban al ciudadano con pagar entre 100 y 1.200 euros. Las cifras, más allá de su frialdad, se traducen en que uno de cada tres juzgados gallegos soporta una sobrecarga que rebasa el 50% de lo recomendado por el Poder Judicial.

Es peor aún el estado de cosas en Vigo, por poner otro ejemplo aún más concreto. A este ritmo, sus juzgados, con la plantilla actual, requerirían siete años para eliminar el colapso. O, dicho de otro modo, necesitaría ya diez nuevos juzgados para cumplir con los módulos de trabajo que aconseja el CGPJ. De momento, dejando a un lado la imprescindible construcción de la Ciudad de la Justicia, un proyecto que parece que por fin en marcha, aunque no a la velocidad necesaria, lo más urgente es la creación de una plaza para la Audiencia Provincial, un juzgado de los Social y otro de Familia. Existe un consenso general sobre esta necesidad, pero la ciudad debe esperar, uno de los verbos que, por desgracia, también va unido inextricablemente a la acción de la justicia.

Los magistrados incluyen, entre sus alertas, que toda reforma sin medios es papel mojado, es "legislar en el vacío". De una virtual inaplicación. Por eso los medios son imprescindibles. Como resumía a FARO el decano de Valencia, Pedro Luis Viguer: "Necesitamos más policías, jueces, fiscales y forenses". Y también avanzar en el proceso de digitalización de expedientes judiciales. Las recurrentes imágenes de documentos apilados en los suelos de pasillos o incluso baños mueven al bochorno. En esas carpetas arrumbadas por cualquier esquina están las vidas, los problemas y las demandas de miles de ciudadanos.

En sus conclusiones dan un tirón de orejas a todos los gobiernos, al actual y sus predecesores, al afearles su "falta de interés" en modernizar el sistema judicial y les avisan que una justicia eficaz es trascendente como "elemento dinamizador de la economía y por su papel decisivo en la lucha contra la corrupción y en la tutela de los derechos de todos los ciudadanos". O sea, clave en la forja de una democracia real y moderna y no meramente formal.

El juez decano de Vigo, Germán Serrano, anfitrión de este exitoso cónclave, se ha mostrado optimista sobre la utilidad del mismo. "En las conclusiones están las claves para lograr la justicia del futuro".Ojalá así sea porque significaría que algo por fin está cambiando. Que nuestros gobernantes se toman la justicia en serio. Y que ya no se repetirá lo acontecido hace un año en Valencia, cuando estos mismos magistrados plantearon 58 propuestas para mejorar la batalla contra la corrupción, un verdadero cáncer que asola la vida pública. Doce meses después esas ideas acogidas con cierto entusiasmo en su día por el poder político duermen hoy el sueño, nunca mejor dicho, de los justos.

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