EDITORIAL

Contra una financiación autonómica injusta e insolidaria

25.10.2015 | 02:16

Siete autonomías quieren revisar el cupo vasco y el concierto navarro, dos sistemas de financiación sin parangón en Europa. Son Castilla y León, Baleares, Cantabria, Murcia, Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura. No las une en la reivindicación su afinidad ideológica, pues unas están en manos de la derecha y otras de la izquierda, sino la gravosa prebenda que suponen ambas excepciones en un contexto económico de necesidades crecientes y recursos menguantes.

Y, desde el punto de vista teórico, tampoco caminan solas: arrecian en estos meses, en particular desde que fueron divulgadas las balanzas fiscales, voces académicas de hacendistas y constitucionalistas que sugieren que los regímenes forales de Euskadi y Navarra son insostenibles en los términos actuales. Galicia no debería quedarse al margen de un debate llamado a condicionar el reparto de la riqueza en España durante lustros.

Un informe del Ministerio de Hacienda divulgado a principios de octubre desvela que, a competencias homogéneas, para sufragar los mismos servicios, el País Vasco dispone de 3.863 euros por habitante. Navarra, de 3.100. Galicia, en la zona media, de 2.360. Madrid, de 2.013. Andalucía, Murcia y Valencia, a la cola, de unos 1.900. Andalucía figura en las estadísticas europeas entre las regiones más pobres del continente. Los números cantan: unos gobiernos regionales necesitan arreglarse casi con la mitad que otros para costear una sanidad, una educación, una asistencia social, en teoría, idénticas.

El País Vasco y Navarra, aun siendo de las comunidades más prósperas de España -la primera y la tercera, respectivamente, en renta disponible per cápita-, no aportan dinero a la caja común. Al contrario, y ahí está la paradoja que ofende al interés general y a la inteligencia, lo reciben como si fueran menesterosas: 1.562 millones de euros los vascos en 2012, últimos datos disponibles, y 371 millones los navarros.

Galicia, territorio con tanta población como esas dos comunidades juntas pero de menor dinamismo y con mayor dependencia de las transferencias del Estado, fundamentalmente por la vía de las pensiones, para sostener su nivel de renta, percibió en el mismo periodo menos del doble que ellas, pese a ser mucho más ricas. Sólo Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares entregan fondos al sistema. El resto de autonomías se los reparten.

El problema no radica en reconocer y mantener un statu quo especial que viene de las guerras carlistas, sino en que sea justo y equilibrado. No lo parece a tenor de los resultados. El País Vasco y Navarra recaudan en su demarcación la totalidad de los impuestos y entregan cada año al Estado una cantidad como compensación por los gastos generales que éste asume de las competencias no transferidas: el Ejército, la Casa del Rey, la representación exterior, las infraestructuras, las instituciones comunes como el Congreso y el Senado.

Las complicaciones empiezan a la hora de calcular ese cupo, porque el porcentaje se fijó hace mucho en función de un PIB ya desfasado, porque la ecuación subestima los ingresos y los gastos para moverse siempre en las magnitudes bajas y porque las partidas constantemente se discuten en los términos más favorables para las circunscripciones forales. En resumen, la contribución del País Vasco y Navarra a la casa compartida no guarda correspondencia alguna con la abundancia de sus haciendas.

Ocho de las diez localidades españolas menos afectadas por la recesión están en el País Vasco. Quizá sin el mullido colchón de la foralidad habrían sido más vulnerables. Los contribuyentes vascos y navarros gozan de cargas menores y de exenciones que no se mantienen en ninguna otra parte. Las empresas disfrutan de mayores ayudas e inversiones públicas, y de menores tipos en el impuesto de sociedades, situándose de partida en unas condiciones ventajosas para competir de tan dudosa licitud que la UE llegó a cuestionarlas.

Lo incomprensible de este debate es que planteamientos que todo el mundo considera inadmisibles al pensar en las personas acaben equiparados al no va más de la progresía y la probidad al hablar de las autonomías. ¿Qué diríamos de un ricachón que exigiera el retorno de una gran cantidad de sus impuestos para obras en su urbanización con el único argumento de que paga más IVA e IRPF que el resto? ¿Por qué para el País Vasco y Cataluña va a ser distinto, y simplemente plantear con respeto las cosas en estos términos equivale para algunos a romper la armonía y forzar un desgarro?

Faltan ingresos para contentar a los barones de los reinos de taifas, ya de por sí insaciables. Ésa es la realidad, aunque empiecen a repuntar los indicadores. Antes de exigir, convendría también hablar de responsabilidad en el gasto. Nadie cuestiona el legítimo derecho de vascos y navarros a sus fueros, la Constitución lo reconoce. Sin que por disfrutarlos se ahonden las diferencias, se generen agravios y discriminaciones, y los españoles dejen de ser iguales. Retrocedemos a la época medieval con privilegios por estamentos. Hasta la fecha, mirar para otro lado y transigir con descuido en asuntos como éste para no incomodar a los nacionalistas, lejos de aplacar sus ansias, ha acabado por alimentarlas.

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