Las asignaturas pendientes de España

extracto del manifiesto del círculo de empresarios de galicia

22.10.2015 | 04:49

El Círculo de Empresarios de Galicia ha hecho público un manifiesto ante las próximas elecciones generales del 20-N con medidas concretas que afectan a distintos ámbitos del Estado para mejorar la calidad democrática y la eficiencia de las administraciones. Ante el actual escenario político, el ente empresarial aboga por la necesidad de pactos de Estado que garanticen la estabilidad en la gobernabilidad del país y eviten tensiones secesionistas y disfunciones que puedan perjudicar el crecimiento económico y la creación de empleo. El siguiente texto es un extracto elaborado por Jesús Bahíllo, exdirector del Círculo, del documento de los empresarios enviado a las fuerzas políticas, agentes sociales y organismos públicos.

El Círculo de Empresarios de Galicia-CFV ha venido a lo largo de sus años de existencia impulsando el debate público y proponiendo medidas en distintos ámbitos, desde su posición de agente importante de la sociedad civil. Recientemente acaba de hacer público un documento que a modo de Manifiesto y enlazando con otro anterior titulado "Repensar el Estado", aborda de modo global los grandes retos -algunos de ellos antiguos- que tiene España y que ahora presentan perfiles preocupantes que, a su juicio, requieren la adopción de medidas urgentes.

Los empresarios toman como punto de partida el nuevo escenario político, marcado por el acceso de partidos emergentes y movimientos sociales, al gobierno de grandes municipios y comunidades autónomas como consecuencia de la profunda crisis económica y los recortes que ha conllevado. Recortes que, como expresan sin tapujos, no han afectado a las estructuras políticas del Estado y a los privilegios de la propia clase política. Todo ello, afirman, ha producido un grado importante de desafección en la ciudadanía hacia la clase política y hacia el propio sistema. Desafección que a la luz de los resultados electorales, amenaza con llevar inestabilidad y disfunciones de todo género en las administraciones, como consecuencia de la más que probable adopción de medidas radicales por parte de estos nuevos gobiernos municipales y autonómicos.

En la presentación del documento, los dirigentes empresariales manifestaron la necesidad de trasladar a los partidos políticos, a las instituciones y a la opinión pública su inquietud ante la situación política de España que, en su opinión, podría resolverse en gran medida con la adopción de un paquete de medidas que afectarían a distintos ámbitos del Estado y que el documento recoge en nueve puntos.




Haz click para ampliar el gráfico

| Reforma constitucional de las Instituciones y de las Administraciones. Además de proponer el necesario "aggiornamento" de la CE trascurridos 37 años, se pone especial énfasis en la necesidad de cerrar el modelo territorial, regulando el funcionamiento del Estado de las Autonomías y delimitando de forma clara las competencias, cosa que según lo manifestado en el documento, la Constitución no aborda, lo que ha generado un profundo grado de inestabilidad que tiene su expresión más preocupante en la situación actual de Cataluña, al tiempo que ha producido diferencias territoriales que hacen de España un país con una alta tasa de desigualdad entre sus ciudadanos, dependiendo de la comunidad en la que residan.

También, en este apartado, se expresa la necesidad de abordar la reducción de la actual estructura del Estado que, según los empresarios y dada su hipertrofia, "se muestra difícilmente viable en términos económicos y generadora de conflictos e inestabilidad en términos políticos". Estructura, por otra parte, en la que, según manifiestan, se superponen y solapan tres modelos y multiplicidad de órganos adicionales en muchos casos innecesarios. Critican también lo que ellos definen como un desorbitado "incrementalismo" en la gestión del gasto, en muchos casos, innecesario o difícilmente justificable, pero que tiene su origen en que cada comunidad autónoma o municipio, demanda infraestructuras o inversiones claramente ineficientes, con la única justificación de que el vecino también lo tiene. Como puede ser el caso de aeropuertos, auditorios, etc., de difícil justificación.

| Municipios, Diputaciones, Senado y Parlamentos regionales. Reiteran la necesidad de abordar la reducción del número de municipios "de arriba abajo" como se ha hecho en la mayoría de los países de la UE, mediante legislación aprobada en los Parlamentos autonómicos, en los que, a su vez, piden la reducción del número de diputados como contemplaba el programa electoral del partido en el gobierno de Galicia y que no se ha llevado a cabo. Ello iría, simultáneamente acompañado de políticas de creación de Áreas Metropolitanas y de la consiguiente reducción de competencias y presupuesto de las Diputaciones, cuyo cometido sería atender las necesidades de pequeños municipios que quedaran fuera de sus Áreas Metropolitanas o que por su situación geográfica no pudieran fusionarse con otros.

Con respecto al Senado, los empresarios son tajantes: el Senado, con sus actuales competencias es innecesario, ya que desde su creación ha venido operando como una simple Cámara de 2ª lectura y que, en definitiva, ha sido lugar de refugio de políticos "excedentes" de los propios partidos. Abogan, en su caso, por llevar adelante la tan anunciada reforma como Cámara de las Regiones, inspirado en el modelo y funcionamiento del Bundesrat alemán.

| Financiación municipal y de las CC AA. Los empresarios proponen una revisión a fondo del actual método, con el objetivo de hacerlo más eficiente y equitativo, eliminando las ventajas financieras del sistema foral y reforzando los mecanismos de cooperación horizontal y de corresponsabilidad fiscal, de modo que las CCAA sean fiscalmente responsables y "que no vean en la Administración central el colchón sobre el que descargar las consecuencias de sus malas decisiones o el atajo para evitar enfrentarse a sus propios contribuyentes".

| Independencia judicial. El Círculo de Empresarios propone una reforma de la actual legislación que regula la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional con el objetivo de reforzar su independencia y evitar la negativa influencia que desde los partidos se viene ejerciendo sobre estos importantes organismos, dadas las cuotas de participación en los mismos que se reparten los partidos en función de su peso parlamentario. El objetivo es conseguir la total independencia de la Justicia conforme a la separación de poderes, imprescindible en un Estado de Derecho, así como una mayor eficacia en el servicio que la Justicia, en sus diferentes ámbitos, presta a los ciudadanos.

| Corrupción. Los empresarios señalan que España, según los Índices de Percepción de la Corrupción y de Transparencia publicados por organismos internacionales, se sitúa como el segundo país más corrupto de la UE, por detrás de Italia y ocupando el puesto 37º entre 175 países, al mismo nivel que algunos países subdesarrollados. Según los empresarios, las recientes medidas adoptadas por el gobierno "se muestran claramente insuficientes".

Señalan que la corrupción, además de desmovilizar al electorado de los propios partidos, crea desafección en la ciudadanía hacia el sistema de partidos, dañando al sistema político y a sus instituciones, deteriorando gravemente la imagen internacional de España y "afectando de modo grave a la competitividad de las empresas, al impedir la libre competencia y dejar al margen a las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales".

Sostienen que la "corrupción política y económica atenta contra los más elementales principios éticos y sociales, provoca marginalidad, economía sumergida, atraso económico, detrae recursos y descapitaliza la economía, lastrando el progreso y la modernización del sistema económico".

Proponen un control exhaustivo sobre el incremento patrimonial injustificado del patrimonio de algunos políticos y de sus allegados, además de la necesaria transparencia en la contratación pública.

Resaltan la necesidad de combatir el fraude fiscal y la economía sumergida, combinando políticas sancionadoras con campañas de concienciación sobre la trascendencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

| Economía y modelo de crecimiento. Aunque asumen y apoyan la necesidad de mantener políticas dirigidas a combatir el déficit y el crecimiento de la deuda, mantienen la necesidad de reforzar la política industrial, la I+D+i en procesos y productos, la integración entre el sistema productivo, las universidades y la formación profesional, preservando los esfuerzos de todo ello más allá de coyunturas fiscales, etc.

| Armonización legislativa. Señalan los problemas que se vienen repitiendo desde la creación del Estado Autonómico, que ha producido una maraña legislativa heterogénea, como consecuencia de la vorágine legisladora de los parlamentos regionales, que conforman en España 18 centros emisores de normas de rango legislativo y que la sitúa como el único país que dispone de más de 100.000 leyes y reglamentos en vigor.

Este bosque legislativo ha generado un tratamiento diferente para ciudadanos y empresas, en función de la Comunidad en que tengan su residencia, con distintos tratamientos de orden fiscal o regulatorio y que dificulta la actividad normal de las empresas, deteriora la competitividad, rompe la necesaria unidad de mercado y produce el traslado de domicilio social de empresas y familias a comunidades con más ventajas fiscales.

| Pactos de Estado y acuerdos de gobernabilidad. Abogan por la necesidad de impulsar pactos entre los partidos constitucionalistas que garanticen la estabilidad y eviten tensiones secesionistas o disfunciones de gobierno que puedan perjudicar el crecimiento económico y la creación de empleo.

| Responsabilidad social. Las empresas deben adoptar valores éticos que las legitimen como portavoces frente a los poderes públicos.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine