El debate sobre la financiación autonómica es muy complejo técnicamente, pero también desde un punto de vista político. Porque es una fotografía de las asimetrías en la articulación territorial, refleja diferencias (algunas justificables y otras no) en el trato financiero que reciben las diferentes Comunidades Autónomas, y determina los recursos para los servicios públicos más importantes para la mayoría de la gente: sanidad, educación y servicios sociales.
Dicho lo anterior, es posible organizar el debate en tres grandes bloques: el de la equidad, el que integra las cuestiones de eficiencia y las cuestiones más técnicas y el vector que se interroga sobre los fundamentos del sistema y hacia dónde deberíamos movernos.
En lo que se refiere a la equidad, hoy existen situaciones claramente injustas. La primera la que tiene que ver con los regímenes especiales: País, Vasco, Navarra y Canarias. Con menor presión fiscal cuentan con muchos más recursos que los demás. Pero entre las demás, también existen territorios infrafinanciados (Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares...) y otros con una financiación per cápita muy superior a la media (Extremadura o La Rioja, entre otros). Y lo peor es que estar en un sitio o en otro (A Galicia le toca un lugar bastante bueno) tiene poco que ver con las necesidades objetivas que reconoce el modelo, sino con ajustes y fondos ad hoc que acaban reflejando cuestiones como la capacidad política a la hora de negociar el traspaso de competencias (en general, la Xunta lo hizo bien en este frente). Si las ventajas financieras del cupo son imposibles de justificar, es también claro que, de una vez, debemos calcular bien las necesidades de gasto relativas en cada territorio y repartir todos los recursos en función de ellas.
Cuando entramos en las cuestiones técnicas y de arquitectura del sistema, aparecen numerosas cuestiones a mejorar. Es verdad que el modelo actual es mejor que el de hace quince años, o que el de hace diez. Pero debemos y podemos seguir avanzando. Necesitamos más autonomía y responsabilidad fiscal, más transparencia y visibilidad, una gestión tributaria integrada, herramientas que garanticen la estabilidad fiscal...
Finalmente, lo más difícil es ponernos de acuerdo sobre hacia dónde debemos caminar. ¿Extensión del sistema de cupo y avance hacia la confederalización (no federalización) de España o, al contrario, normalización de la situación de País Vasco, Navarra (y Canarias) haciendo mejor los cálculos de cupo, aportación y coste de la ultraperificidad? ¿Reducción de la nivelación para que los más ricos cuenten con más financiación per cápita, como en Canadá, o mantenernos en la noción de la nivelación plena de las necesidades de gasto, como en Australia?
Lo dicho, mucho trabajo por delante y muy difícil. Sobre todo si el ruido domina el escenario y no se utiliza con profusión el análisis técnico independiente, sobre todo ahora antes de sentarse a negociar. Independencia que pasa por escoger a profesionales solventes y de las distintas partes de España. Y luego tratar con respeto sus recomendaciones, más allá de que se concuerde o no.
*Director de GEN (Universidade de Vigo)
@SantiagoLagoP
