Ya sé que nadie va a creer que no soy culpable si conduzco un vehículo ilegal con sentencia firme de pasar por el desguace el 2 de noviembre de 2015. Algo malo habré hecho.
Bueno, en mi caso no se me ha ocurrido trucar el motor para decir que cumple con la legislación medio ambiental no siendo cierto, ni lo he fabricado clandestinamente sin licencia para ello.
El caso es que en el año 2007 el proveedor encargado del sistema de inyección por raíl común de los motores como el que tiene mi vehículo, ya avisó que manipular las centralitas era algo ilegal. Pero esto no es todo, un empleado de la marca de mí vehículo avisó en 2011 que la compañía estaba cometiendo un delito al falsear las emisiones. Los hechos demuestran que no se le hizo caso. Pero lo peor de todo es que YO NO ME HE ENTERADO.
En octubre del año 2013 me vi en la necesidad de adquirir un vehículo que me permitiera realizar mi trabajo ya que no dispongo de vehículo de empresa, y que además me facilitara mis desplazamientos particulares.
Entre todas las posibles opciones tales como: declararme fabricante de mi propio vehículo, comprarlo rebajado en el mercado clandestino y acudir a un concesionario oficial, decidí, que lo mejor era comprarlo en un concesionario oficial (todo en regla).
En enero del 2014 adquirí mi vehículo. Me atendió un comercial del concesionario oficial de la marca (lo indico, para que se sepa que no lo compré en un topventas de la calle, si fuera una vivienda la compraría ante notario y la registraría en el Registro de la Propiedad correspondiente ya que son los garantes de los actos administrativos en este tipo de transacciones). Yo feliz, al fin era propietaria de un vehículo y hasta el día de hoy he pagado todos los impuestos que por ley la posesión del vehículo conlleva.
Pero mi alegría duró poco, en septiembre de 2015 salta el escándalo de los motores diésel que incumplen la legislación medio ambiental y ahí comienza mi tortura. Descubro que soy una delincuente y que la justicia quiere la reposición de la legalidad, de hecho, una sentencia firme condena al fabricante a la reposición de la misma. Ante el revés de las circunstancias, me lleno de calma y pienso: Bueno, no nos alteremos, se condena al fabricante, este se hará cargo, supongo, yo tengo todos mis papeles en regla, he hecho las cosas como se deben hacer.
Pues no. Eso no es lo que va a pasar.
El fabricante condenado, ha realizado un proyecto de destrucción de mi vehículo, ha sacado un concurso público para que los diferentes talleres oferten sus servicios, ha resuelto dicho concurso (Ya sé que taller lo realizará) y me ha invitado a que yo entregue mi vehículo voluntariamente. Como no acepté esta invitación, me ha enviado una orden de entrega forzosa para el 2 de noviembre para lo cual el fabricante me comunica que hará uso de las fuerzas y equipos de seguridad.
También quitarán todas mis pertenencias del vehículo (las sillas de mis hijos menores -tengo tres- para que viajen seguros, los CD, la llave USB con música para amenizar los recorridos, las gamuzas para desempañar las lunas, los parasoles para que mi vehículo no se achicharre, la manta para tapar a mis hijos cuando se quedan dormidos?). Como el fabricante decide que actúa subsidiariamente (si él es el condenado en la sentencia, ¿de quién me pregunto yo?), me comunica que me pasará los costes del proceso. Es decir, los costes de esta entrega forzosa, el desalojo de mis pertenencias del vehículo las cuales serán depositadas sobre una lona a pie del desguace y tratadas como residuos según su naturaleza, la destrucción del mismo, así como el tratamiento de los residuos generados. Por si creéis que aquí se acaban mis problemas, sabed que no.
Todo lo anterior, solo es la reposición de la legalidad medioambiental de mi vehículo, porque después, vendrá la correspondiente multa por contaminación que se la pasarán al fabricante y seguro que actuando subsidiariamente tendrá a bien pasármela, puesto que el vehículo era el que contaminaba (argumento del fabricante, él no contamina, contamina mí vehículo por lo que me toca pagar a mí).
Los vehículos no cometen los delitos. Los delitos y estafas las cometen las personas y a mi entender, son estas personas que incumplen la ley las que han de pagar de su bolsillo la reposición de la legalidad (esto es lo que ocurre cuando alguien es responsable de algo, le afecta a su bolsillo, si no es así, no existe la responsabilidad).
He intentado personarme en el proceso pero los jueces indican que no soy parte del mismo ya que no soy el denunciante (particulares comentados al inicio de esta exposición), ni el denunciado (este es el fabricante). Pero en el lío está mi vehículo y yo soy su propietaria.
Me han explicado, que un bien privativo no puede prevalecer sobre un bien público, el coche debe destruirse a mi costa y ya luego, si me quedan fuerzas y ganas puedo pedir responsabilidad patrimonial al fabricante (vamos, seguir gastando mi dinero para intentar recuperar algo que tampoco está garantizado, pues se pueden declarar insolventes y aquí no ha pasado nada).
El que se queda sin vehículo soy yo y como debo asumir unos costes que están por determinar no podré comprarme otro. Al fabricante le va a salir gratis su estafa, no son responsables de nada porque no se les cobra de su dinero, el concesionario no tiene responsabilidad alguna y además los papeles emitidos por el mismo y por la Jefatura Provincial de Tráfico no tienen valor alguno frente a este tipo de sentencias por delito "vehiculístico".
Lo peor es que no hay garantías para comprar un vehículo que no esté afectado por una ilegalidad, todo se reduce a una cuestión de suerte.
Pues bien, ahora donde pone vehículo ponga Edificio Pintos de Bueu; donde pone fabricante condenado ponga Concello de Bueu; donde pone concesionario oficial pongan Notaría; y donde pone Jefatura Provincial de Tráfico pongan Registro de la Propiedad.
*Vecina del edificio Pintos de Bueu
