La CUP exige que el nuevo Parlament dé pasos "irreversibles" hacia la secesión antes de sentarse a negociar la investidura de Mas. El líder de CDC no seguirá siendo presidente de la Generalitat -si al final lo es- a menos que su grupo, Junts pel Sí (CDC, ERC y entidades soberanistas), priorice el "qué" y el "cómo" sobre el "quién". Es decir: que Mas tendrá que dar pruebas de su voluntad de desobediencia si desea conservar el puesto, aunque sea en el marco de esa presidencia "rotatoria" o "coral" que los anticapitalistas han sugerido inaugurar para que el préstamo de sus votos apeste menos a pacto con la oligarquía.
Las elecciones del 27-S no han modificado un ápice el régimen de desconfianza hacia el otrora "conseller en cap" de Jordi Pujol. Mas sigue siendo un advenedizo en el campo independentista, un representante del autonomismo caduco y el nacionalismo identitario cuya pervivencia solo es tolerable en la medida en que esté dispuesto a llevar los peores golpes.
Ya lo era la pasada legislatura, cuando ERC le vigilaba de cerca y le dejaba tirado como una maleta cuando le convenía, y lo es aún más ahora, cuando el apoyo que necesita está a la izquierda de la izquierda, y le exigen que certifique su defunción política y renuncie a sus genes burgueses para dar paso a una república popular.
Por eso ni ERC pensaba entonces compartir el desgaste de la tarea de gobierno ni la CUP tiene ahora pensado hacerlo. Dicen que no quieren "cargos" ni "privilegios", lo que es tanto como decir que no quieren responsabilidades. El lema es "desobediencia y desconexión", porque para la declaración inmediata de independencia no hubo votos suficientes, y el que quiera peces que se moje.
Mas declarará mañana como imputado por la convocatoria y celebración del proceso participativo del 9-N. Entre otros delitos, precisamente, por el de desobediencia. Pero la CUP ya ha dicho que eso no basta para investirle ni como president ni como mártir de la causa; que es preciso dar pasos más rupturistas. ¿Cuáles? No lo sabemos todavía, pero sí conocemos el marco jurídico con arreglo al cual serán castigados: la reforma de la ley del Tribunal Constitucional (TC) que está a punto de hacer aprobar Rajoy, que puede acarrear sanciones ejecutables por el Gobierno e, incluso, la retirada de las competencias autonómicas sin necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Justo el escenario de desconexión que la CUP busca para hacer brotar de la nada la república catalana. Y si Mas se queda por el camino, mejor.
