Primera premisa: en economía los milagros no existen. Segunda premisa: las previsiones económicas deben tener siempre en cuenta la situación de partida. A partir de este esquema de trabajo, conviene preguntarse qué está pasando con la aplicación del Plan de Garantía Juvenil (PGJ) en España, que parece que no está consiguiendo los efectos deseados.
España tiene un grave problema de desempleo estructural. Incluso en época de bonanza económica, nuestra tasa de paro era de dos dígitos, llegando a suponer no hace mucho cerca del 26%. De todos los colectivos afectados, sin duda alguna, uno de los que más sufren el desempleo, es el juvenil. Tanto que en los últimos años para referirse a este problema, se ha acuñado el término "generación perdida". La situación resulta crítica para aquellos que forma la generación "nini" (ni trabajan, ni estudian). Según la OCDE representan el 26% de nuestros jóvenes.
Como consecuencia de este fenómeno y teniendo en cuenta las repercusiones económicas, a corto y medio plazo que va a provocar esta situación de pérdida de riqueza y desaprovechamiento del capital humano, la Comisión Europea lanzó en 2014, un ambicioso programa para facilitar la transición entre la escuela y el mercado de trabajo, tratando de mitigar el fenómeno "nini", sobre todo en países como España. La dotación prevista para España en 2015 será de 283 millones (de un monto de 1.000), lo que pone de manifiesto la gravedad del problema en España. De no ser así, no se entendería la cantidad de fondos que España va a recibir.
Con esta medida se persigue que los jóvenes inscritos en el programa, puedan acceder a un empleo, con una duración no inferior a los 6 meses y como mínimo la mitad de la jornada ordinaria. El PGJ oferta, además, la posibilidad de recibir formación o un período de prácticas, en un plazo máximo de cuatro meses, tras finiquitar su formación o quedarse en desempleo.
Señalado lo anterior cabe preguntarse por qué el PGJ presenta tantas limitaciones en España. Para ello resulta preciso señalar que este programa se destina a aquellos países europeos donde los jóvenes presentan una tasa de desempleo por encima del 25 por ciento, pero hay países como España que superan el doble de este porcentaje, por lo que hubiera sido necesario, antes de lanzar las campanas al vuelo, ser comedido con los resultados de su aplicación.
En 2014, más del 80% de los jóvenes "nini" demandaban un empleo, pero no todos buscaban activamente un trabajo (algunas estimaciones indican que solo 3 de cada 4 lo hacen). Además, la mayor parte de los "nini" tiene una cualificación muy baja. Sin duda, el elevado porcentaje de abandono escolar en España y la falta de oportunidades laborales para nuestros jóvenes, provocan esta situación. La tasa de desempleo para los jóvenes entre 20 y 24 años en España fue, en 2014, ligeramente superior al 51% (el país europeo con la tasa más alta), mientras que Alemania apenas superaba el 7%. Spain is different.
Aceptando que las condiciones de partida son muy distintas y que esto exigía cierta humildad con los previsibles resultados, hay un conjunto de elementos adicionales muy a tener en cuenta que explican la tibieza en la aplicación del PGJ. Las condiciones mínimas de empleabilidad rozan la precariedad en el empleo, tanto por el tipo de contrato como por su duración, si realmente se quieren convertir en una salida laboral estable. Además, su relación con la formación resulta cuanto menos algo difusa, que exige una revisión de los contratos en prácticas y para la formación.
En tercer lugar, si bien es necesario reconocer que algo se ha avanzado en la contratación de algunos jóvenes, las estadísticas muestran que son sobre todo aquellos que tienen cierta preparación y/o experiencia laboral. Esto ha provocado que los colectivos con menores oportunidades laborales, se hayan visto relegados -muy a su pesar- en el PGJ. O dicho de otra forma, los que tienen más problemas de inserción están siendo los menos beneficiados de las ayudas, acentuando el efecto creaming de este tipo de medidas.
Finalmente, no se debe obviar que las actuaciones que se están desarrollando con el PGJ tienen un elevado coste, sobre todo aquellas basadas en bonificaciones a la Seguridad Social, que han sido en los últimos años "café para todos". Numerosos estudios han cuestionado la utilidad de las mismas, sobre todo en relación al mantenimiento del empleo a medio y largo plazo, ya que una vez finalizada la ayuda, existe una alta probabilidad de perder el trabajo, generando un efecto rotación. Además ¿hasta qué punto esa contratación bonificada se podría haber realizado sin la ayuda percibida? Concluyendo, hay que repensar bien el PGJ.
